Así el ministerio de Producción y Trabajo de la Nación puso en funciones este martes al interventor del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos -SUPA- del Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbues y Puerto Gaboto.

El acto administrativo estuvo a cargo de un veedor de la cartera laboral quien se presentó pasado el mediodía en la sede del SUPA, en Alem 248 de Puerto San Martín, para anunciar la suspensión de cargos de la actual comisión directiva y formalizar la intervención a cargo de Marcelo Urban.

La medida de Trabajo responde al requerimiento efectuado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el expediente 28064/2019, con fecha 25 de octubre de 2019.

Tal como anticipó Notitrans, la justicia laboral ordenó a la cartera laboral la intervención con el objetivo de avanzar en un plazo de 180 días en la aplicación de “los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades encontradas”.

Una asunción pacífica y sin conflicto

En las instalaciones del SUPA se encontraban presentes los integrantes de la comisión directiva, quienes sin ejercer ningún tipo de obstrucción acataron las órdenes de la justicia y se notificaron en el acta de la medida dispuesta.

A pesar de distintas versiones mediáticas que hablaban de un posible conflicto ante la llegada de las autoridades ministeriales, la efectivización de Urban como interventor se realizó en forma pacífica sin necesidad de acudir a fuerzas de seguridad.

La intervención forma parte del proceso de normalización dispuesto por la justicia nacional laboral, a través de los jueces Héctor Guisado y Manuel Pablo Diez.

El requerimiento de la Sala IV responde a lo dispuesto por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de la causa contra la conducción del sindicato por el delito de administración fraudulenta, y por el que se encuentra detenido quien fuera secretario general, Herme Juárez.

Las denuncias contra el SUPA

Momento de la detención de Herme Juárez

Entre los desmanejos que impulsaron la intervención, se consignó que “se encuentra acreditado con grado de probabilidad” que Herme Juárez y miembros del sindicato llevaron a cabo en la esfera propia de sus incumbencias múltiples conductas extorsivas “…valiéndose del componente gremial para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de la estructura”.

La justicia presentó a los involucrados como “coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal”.

Para los letrados, “los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos fueron materializados sirviéndose del sindicato con fines espurios, por ello instó la intervención de la autoridad administrativa”.

El SOMU manifestó su rechazo días pasados

Tras el anuncio de intervención del SUPA, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se solidarizó y repudió la acción judicial. “Los trabajadores de esta Organización sabemos lo que es sufrir una intervención político-judicial, que deja indefensos a los compañeros y compañeras representados por la organización intervenida, que avasallen sus derechos y sus convenios colectivos”, sostuvieron por medio un comunicado.

“Independientemente de cualquier actuación judicial que se llevara adelante, se encuentra una conducción elegida legítima y democráticamente por los afiliados y entendemos que el gremio debe ser conducido por los trabajadores y no por funcionarios públicos”, argumentaron desde el gremio que conduce Raúl Omar Durdos.

“Nos llama poderosamente la atención que a pocos días de finalizar este gobierno, que estuvo marcado por varias intervenciones a distintos gremios, se de una nueva acción contra los Sindicatos, concluyeron.