«Además del vacío espiritual de nuestros pueblos el neocolonialismo requiere de la clausura total de la representatividad popular», planteó Siley este viernes al participar en la Academia de Ciencias del Vaticano de un encuentro de dos días organizado por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana que encabeza el juez Andrés Gallardo, con el tema «Colonialismo, Descolonización y Neocolonialismo: una Justicia Social con perspectiva de Bien Común».

Según la legisladora, que además es integrante del Consejo de la Magistratura y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. «ese objetivo neocolonial requiere la estigmatización, persecución, judicialización y proscripción de los líderes populares».

En ese marco, sostuvo la dirigente judicial, «la herramienta que el sistema ha encontrado para ello es el lawfare».

«Como bien lo dice el papa Francisco, el lawfare comienza con la estigmatización en los medios y en las redes sociales», profundizó en exposición Siley, única legisladora presente en el encuentro del que participaron jueces y juezas de todo el mundo.

El lawfare, según la legisladora, se da cuando «se deposita en ese otro u otra el contenido de todos los males cotidianos a los fines de que que luego aparezcan en los estrados judiciales las denuncias a través de procesos viciados de constitucionalidad e incumplimiento de todas las garantías se lleven adelante para la proscripción».

«En su tiempo las dictaduras militares fueron las ejecutoras locales de la estrategia colonial- Hoy el lawfare es el ejecutor local dela estrategia neocolonial», denunció.

En ese marco, tras recordar la existencia de «un rastro profundo de colonialismo con la ocupación de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña»; Siley se sumó a la propuesta del jurista Eugenio Zaffaroni para la creación de «un observatorio jurídico contra el neocolonialismo» como forma de «volver a romper con el neocolonialismo en nuestros países».

Según Siley, el organismo debería «detectar los casos de violaciones más graves a los derechos humanos, defender a quienes ejerzan las magistraturas perseguidos por las cúpulas judiciales y defender a los jueces de los servicios de inteligencia nacionales e internacionales».