Extorsionar, presionar, amenazar, patotear son algunas de las acciones que describen a las bandas delictivas, a las mafias propiamente dichas. Y que, lamentablemente, definen con precisión a varios de los sindicalistas de nuestro país, a aquellos que se escudan en la representación gremial y defensa de los derechos de los trabajadores para enriquecerse, sembrar el miedo y ejercer la fuerza para imponerse por sobre la propia ley y quienes deben aplicarla.

Hay que decir que no lo logran en soledad. Ese tipo de comportamientos no son posibles sin un marco político y judicial que les garantice impunidad, sin el aval de dirigentes que se sirven de ese poder mafioso o que recurren a esos grupos violentos para lograr objetivos mezquinos. Quienes son socios en la corrupción se ven obligados a ampararse mutuamente, con lo cual la espiral de violencia y corrupción se extiende, se robustecen los métodos de defensa corporativa y se apela a los más nefastos recursos con tal de lograr sus objetivos espurios.

Hace pocos días se conoció una nueva denuncia que agita las ya revueltas y oscuras aguas del gremio de camioneros. Nancy Pastorino, propietaria de una empresa familiar de transporte de camiones, se presentó ante la Justicia para denunciar que ese sindicato la extorsiona exigiéndole un pago de 500.000 pesos por una supuesta deuda de 1,2 millones, cuando la mujer demuestra que cuenta con una certificación otorgada por el propio gremio que dice que todos sus pagos están al día. Pero no solo eso, quienes la presionan también la amenazan con que, si no paga, van a llamar a sus clientes para cortarles las fuentes de trabajo a sus empleados y la intimidan con realizarle un escrache en la puerta de la firma, entre otros mecanismos mafiosos para amedrentarla.

La mujer decidió grabar esas llamadas extorsivas, y la Justicia comenzó a analizar esas y otras pruebas. Quienes la contactaron telefónicamente desde el gremio fueron Mario Villalba y otra persona en su nombre, a quienes la empresaria no solo les dice que no debe nada, sino que les explica que no cuenta con los fondos suficientes para hacer frente al "obsequio", a la "donación" que entiende que le están pidiendo a cambio de su tranquilidad laboral. Relata que durante una reunión a la que fue convocada en la sede de Camioneros, fue maltratada y advierte que grabó esas conversaciones para denunciarlos penalmente, pues ya no le importa lo que puedan hacerle, dado que su situación es desesperante.

Como consecuencia de las numerosas denuncias contra ese gremio, la Policía Federal volvió a allanar ayer la sede central del sindicato, situada en Constitución. Se investigan numerosas maniobras extorsivas sufridas por empresarios del transporte y comerciantes. En la causa, los denunciantes sostienen que dirigentes de ese gremio en San Miguel piden coimas para que se trabaje únicamente con determinadas empresas, que estarían en connivencia con esa agrupación. También, que los amenazan con triplicarles el costo de los cánones de los camiones con cámaras congeladoras si no les aumentan los sueldos a los empleados, entre otros muchos ilícitos.

El gremio de Camioneros, que conduce Hugo Moyano, tiene un largo historial de aprietes. La lista es extensísima. Basten algunos ejemplos:

Bloqueos a supermercados para sumar al gremio, sea como fuere, a los empleados de una cadena mayorista.Amenazas de impedir el libre tránsito en rutas patagónicas en apoyo a camioneros del sur, que reclamaban ser eximidos del pago del impuesto a las ganancias.Las reiteradas obstrucciones con camiones atmosféricos, distribuidores de gaseosas y de basura a las plantas impresoras de LA NACION y de Clarín, y a cooperativas distribuidoras de medios, ataques directos a la libertad de prensa oportunamente denunciados.El financiamiento con cheques del gremio, de viajes de barrabravas, actualmente en análisis de la Justicia.

Es necesario insistir en que nada de ello hubiera podido ocurrir sin complicidad política, sin connivencia policial y sin la decisión de muchos jueces de mirar para otro lado, evitando que las leyes se cumplan e impidiendo que se haga, precisamente, justicia. Hay que decir también que el poder, hasta hoy impune, de Hugo y su hijo Pablo Moyano viene siendo ejercido de la misma forma por otros jerarcas sindicales.

En los últimos tiempos, varios de esos caciques empezaron a enfrentar problemas judiciales. No es para menos: a sus conocidos aprietes se ha sumado la revelación de que son poseedores de enormes fortunas que no pueden justificar si no es como producto de usufructos ilegales, de haber usado dinero de los afiliados para su propio beneficio.

No debería asombrar entonces que para proteger esos groseros patrimonios malhabidos, en sus domicilios cuenten con verdaderos arsenales, tal como pudo verificar la policía en diversos allanamientos realizados aquí y en el exterior.

El caso de Marcelo Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), resulta paradigmático. Interpol lo detuvo en Uruguay, a pedido de la Justicia argentina. Allí le encontraron millones de dólares, una flota de vehículos lujosos, se le incautaron pistolas, revólveres, ametralladoras, cargadores y balas, y hasta se comprobó que había construido un zoológico privado dentro de los límites de su propiedad.

Otro ejemplo clarísimo de hasta dónde han podido llegar estos personajes es el del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata, Juan Pablo "el Pata" Medina, quien resistió un operativo policial atrincherándose en una sede gremial junto a cientos de activistas dispuestos a atacar a las fuerzas de seguridad con bombas molotov y piedras. Medina está imputado por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Es el mismo sindicalista que había sido acusado por haber impedido la realización de obras en una estación del ferrocarril Roca, demanda que cuenta como prueba con un tiroteo entre sectores de distintas seccionales de su gremio. El mismo que el 17 de octubre de 2006 lideró la facción de la Uocra que se enfrentó a los tiros con un grupo del sindicato de camioneros durante el traslado de los restos de Perón a la quinta de San Vicente.

Otro caso es el de Humberto Monteros, titular de la Uocra de Bahía Blanca, poseedor de armas, drogas y fuertes montos de dinero, al que se suma el escandaloso comportamiento de Omar "Caballo" Suárez, cabeza del Sindicato Marítimos Unidos (SOMU) hasta fines de 2016, cuando fue procesado como jefe de una asociación ilícita que extorsionaba a empresarios navieros, entre otros graves delitos.

Preservar sus fortunas, continuar con sus privilegios y asegurarse impunidad ha sido siempre la meta principal de estos seudorrepresentantes de los trabajadores, por lo que el lamentable y preocupante caso de la propietaria de la empresa de transportes es apenas una punta del iceberg.

Falta recorrer todavía un extensísimo camino hasta llegar a desentrañar la ruta de este proceder mafioso, que permita a la Justicia llevar a la cárcel a los autores materiales de tantos delitos, pero también a sus cómplices, ostenten el poder que ostenten y ocupen el cargo que fuere.

Y, en cuanto a los altos dirigentes gremiales y a quienes conducen las obras sociales sindicales en particular, urge que el Congreso se aboque rápidamente a sancionar la ley que los obligue a hacer públicas sus declaraciones juradas patrimoniales.

Quienes manejan los cuantiosos fondos que aportan los trabajadores deben rendir cuentas de sus actos administrativos, y sus declaraciones juradas deben estar al alcance de cualquier ciudadano.

Como ya hemos dicho reiteradamente desde estas columnas, el anuncio de una ley en ese sentido no debe actuar como simple amenaza para asustar a algunos dirigentes sindicales con el mero fin de persuadirlos de no realizar medidas de fuerza o de negociar apoyos políticos o parlamentarios. La lucha contra la corrupción exige terminar con todo resquicio que huela a impunidad, como los que abundan en el justificadamente cuestionado frente sindical.