“La mentira tiene patas cortas. Nos volveremos a ver pronto”. La frase de Guillermo Molina resonó el viernes en los pasillos de los tribunales de Bahía Blanca. El ex secretario de Finanzas de la UOCRA bahiense la pronunció al término de la audiencia de preparación para el juicio por amenazas y extorsión que deberá enfrentar junto a otros 13 gremialistas. Los abogados defensores pidieron que lleguen libres al debate previsto para abril y mayo de 2020.

“Todos ya hicimos ese planteo y lo reeditamos en esta instancia. Esta es una causa política. Así se inició y así terminará” dijo Mariano Jara, el letrado que asesora a Molina, ex precandidato a concejal por Unidad Ciudadana, sobre la investigación de oficio iniciada en noviembre de 2017. Fue después de que María Eugenia Vidal, en un acto de campaña, denunciara “conductas mafiosas” y apuntara contra los líderes gremiales por frenar obras viales en la región.

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En enero de 2018, tras una decena de allanamientos, la justicia detuvo a 14 sindicalistas, entre ellos Humberto Monteros y José Burgos, los secretarios generales de la UOCRA bahiense. A Monteros, en su casa de Monte Hermoso donde fue capturado, le encontraron bolsos con más de 5 millones de pesos y 100.000 dólares. En una caja fuerte guardaba 423.000 dólares y tenía además un arma 9 milímetros sin declarar.

Monteros, que era secretario general de la CGT regional, está acusado de liderar junto a Burgos una asociación ilícita dedicada a la extorsión de empresarios de la construcción. “Se obligaba a dueños y personal de las empresas a firmar acuerdos, pagar sobresueldos, contratar determinadas firmas y abonar sumas de dinero para poder trabajar” argumentó el fiscal Gustavo Zorzano, para quien hay una treintena de hechos comprobados.

“Ellos eran los que disponían de directivas claras y las bajaban a quienes trabajaban directamente en las obras” explicó el investigador sobre el modus operandi de Monteros y Burgos con el resto de la banda. Como partícipes de los delitos acusó a Molina, Sergio Daniel Vásquez, David Muñoz, Walter Paiz, Carlos Carrillo, Mario Matías González, Roberto Sabino Ríos, Raúl Ernesto Erbin, Pablo Gutiérrez, Sebastián Canales, Sergio Vásquez y Damián Cabrera. Todos integraban la conducción de la UOCRA bahiense o eran delegados en obras.

Dos semanas después de los allanamientos, en las afueras de Bahía Blanca, fueron encontradas cajas y carpetas con documentación del gremio. Luego, en dos sitios diferentes cercanos a un arroyo en el acceso a Monte Hermoso, la policía halló un arsenal de armas largas y cortas. Junto a ellas había un ticket de estacionamiento de una camioneta cuya propietaria tenía como domicilio, la vivienda de Monteros en el balneario.

Zorzano agregó que si los empresarios, algunos titulares de firmas y otros cuentapropistas, se negaban a los planteos, “tomaban medidas que frenaban el avance de los trabajos” como paros y asambleas. En la audiencia realizada el pasado viernes, el fiscal volvió a oponerse al planteo de los abogados de los defensores para que se revoquen las prisiones preventivas o se otorguen arrestos domiciliarios, como en el caso de Molina.

La última palabra sobre el pedido la tendrá el juez Eugenio Casas, presidente del Tribunal Criminal 2 que estará a cargo del juicio. El debate está pautado para abril y mayo de 2020 y podría durar un mes, ya que prevé la comparecencia de unos 400 testigos. Entre ellos, los empresarios que denunciaron los aprietes. Jara adelantó que, a pedido de Molina, llamará a declarar a varios políticos, entre ellos el intendente de Bahía Blanca.

"Hoy la mafia de la UOCRA, están todos presos” dijo Héctor Gay, que busca su reelección, el 4 de octubre junto a Mauricio Macri y Vidal en un acto de campaña. “Les vamos a preguntar por falsas imputaciones que hicieron públicamente y si las ratifican” adelantó Jara sobre la citación al intendente, concejales y otros dirigentes políticos. Según el abogado "todo esto es una batalla entre la obra pública (por los empresarios) y los sindicalistas. Celebro que se acerque la fecha del debate porque quiero ver cómo hace el ministerio público para pagar la deuda que asumió al imputar a 14 personas” comentó.