El diputado de Unión por la Patria y secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo, ha sido la voz principal en esta controversia, afirmando que la restitución del impuesto sobre los salarios superiores a 1,8 millones de pesos es inaceptable.

Palazzo expresó a través de la red social X: “Hoy nos presentamos a la justicia pidiendo la no aplicación de la ley que instaura nuevamente un impuesto al salario”. Según él, este impuesto es "confiscatorio" y afecta desproporcionadamente a los trabajadores, describiéndolo como “una rebaja ilegal de los salarios”.

El Gobierno Nacional reglamentó recientemente la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Según esta nueva disposición, los trabajadores solteros con un sueldo bruto de 1,8 millones de pesos y los casados con ingresos de 2,2 millones de pesos deberán volver a pagar este tributo.

Los gremios más perjudicados por esta reforma son los bancarios, camioneros, aceiteros y petroleros. Palazzo destacó que “es una ilegal rebaja de salarios ya que no permite ningún tipo de deducciones” y reveló que “abarca al 95% de los salarios bancarios”. Asimismo, argumentó que la ley "es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara", señalando que el Senado la rechazó.

En el ámbito legislativo, Diputados decidió insistir con su sanción original, reponiendo el capítulo eliminado por el Senado, lo cual, según Unión por la Patria, implica que la ley fue aprobada solo por una parte del cuerpo legislativo.

Palazzo subrayó que la ley de ganancias “viola diversos principios” y mencionó que vulnera la "intangibilidad de los salarios, el principio de carácter alimentario del salario, es confiscatorio y el principio constitucional de progresividad".

Ayer, Palazzo había anunciado la presentación de la denuncia judicial, explicando que esperaron a que se ratificaran los números sobre el piso para no pagar, para así determinar el alcance y el universo de trabajadores bancarios afectados. Además, precisó que están “pidiendo la legitimación, es decir, que sea La Bancaria la que pueda litigar y no los trabajadores”, dado que “el 95% de los empleados bancarios verán afectado su salario debido a este nuevo ajuste fiscal”.