Por Alejandro Di Biasi.

"Tarda en llegar, pero al final hay recompensa", dice la canción, que le cabe como anillo al dedo a la Asociación Gremial de Computación (AGC), ya que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó (por segunda vez) la vigencia de la personería gremial. En sus fundamentos, consideró que el caso como "una contienda ya agotada en la esfera jurisdiccional", por lo cual ninguna otro sindicato u organización podrá presentar una demanda (salvo que recurra a la Corte Suprema de Justicia). De esta forma, la AGC está en condiciones de solicitar el llamado a paritarias, al tiempo que exigirá la confección del convenio colectivo para la actividad informática.

La Cámara subrayó que la personería del sindicato de los Informáticos tiene "valor de autoridad y seguridad jurídica que tal decisorio proyecta sobre sus partes originarias, los restantes organismos estatales y terceros".

La lucha de la AGC viene de tiempos de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, derogó la personería gremial, desatando una serie de demandas en los Tribunales. Hoy, la Sala II de la mencionada Cámara, dicta sentencia de "cosa juzgada", dejando firme la personería del gremio.

Un universo de trabajadores sin derechos laborales

Se estima que la actividad informática emplea alrededor de 150.000 trabajadores y trabajadoras que se encuentran fuera de convenio e imposibilitados de contar con paritarias, obra social y demás derechos que trae aparejado encontrarse bajo el paraguas de un Convenio Colectivo de Trabajo. El gremio agrupa a programadores, diseñadores, desarrollistas, operadores y tareas de soporte, entre otras, con una disparidad salarial significativa.

Fuentes gremiales explicaron a iProfesional que "hay mucho mito con esto de los ingresos de los informáticos" y agregaron que "es cierto que hay buenos sueldos, tanto como empleados que está siendo explotados con salarios por debajo de la líneas de la pobreza".

La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo abre una puerta fundamental al gremio, que exigirá a la cartera laboral que encabeza Raquel "Kelly" Olmos que "convoque formalmente a la Cámara de la Industria Argentina del Software. (CESSI) y a la representación gremial a una negociación salarial seria", señalaron los voceros sindicales, agregando que "se habla tanto de la reforma de los convenios colectivos porque se quedaron en el tiempo; bueno, nosotros directamente no tenemos, así que sería bueno darle un marco legal a nuestras actividades". La Cámara representa a más de 1.800 empresas.

El gremio agrupa a programadores, diseñadores, desarrollistas, operadores y tareas de soporte, entre otras

Ahora avanzarán para discutir paritarias

El secretario General de la AGC, Ezequiel Tosco, sostuvo que "con esta decisión judicial, queda expuesta la falsedad del Ministerio de Trabajo nuestra personería está suspendida" y remarcó: "Necesitamos avanzar en la redacción de nuestro convenio y poder discutir paritarias, por lo que esperamos que la ministra Olmos cumpla con la ley".

Manifestó que "los únicos que se benefician de que no haya gremio son un sector concentrado de los grandes grupos empresarios" y consideró que "un Gobierno que se dice ser peronista; nacional y popular, debe defender a los trabajadores y trabajadoras ante los despidos y abusos de este sector ínfimo de empresarios".

Tosco advirtió que "estamos cansados de promesas del Gobierno y de abusos de las empresas; por eso, si no nos convocan y se cumple el fallo de la Cámara, nuestra área de Asuntos Jurídicos ya está elaborando las denuncias respectivas ante la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal". El dirigente fue muy crítico de la gestión del anterior ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a quien denunció, junto a sus subordinados, por "comportamiento antisindical".

Según la presentación judicial llevada adelante por la organización gremial, la cartera laboral incurrió en "un entorpecimiento para con el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores informáticos por cuanto se niega a realizar el llamado a la mesa convencional de la actividad informática, como lo obliga la ley". Desde el entorno de Moroni argumentaban que la personería se encontraría "suspendida", por lo cual no se los debía convocar a la mesa de negociación salarial. Hoy, esa disputa quedó saldada.