Durante el mediodía de ayer el intendente Néstor Di Pierro presentó ante la Fiscalía una denuncia. Se trata de un pedido de investigación por el presunto delito de acción pública. Y esto se acompañó con actas policiales de constatación de falta de agua en los hospitales públicos y clínicas privadas.

La presentación se realizó en el marco de lo previsto por el artículo 194 del Código Penal, norma que protege el normal funcionamiento entre otros del servicio de provisión de agua, “siendo que su interrupción ajena a los desperfectos técnicos del servicio podría constituir una acción injusta cuya investigación es de acción pública, viene a solicitar el abocamiento del Ministerio Público Fiscal a los fines de su pesquisa y enjuiciamiento, en caso de constatarse una acción típica, antijurídica y culpable, de los responsables autores, coautores, cómplices y encubridores”, se plantea.

ARGUMENTOS

La denuncia se respalda en los diálogos mantenidos por las autoridades de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada donde se informó sobre la existencia del conflicto sindical, y presentan copias de las actas policiales donde se constató el faltante de agua potable necesaria en los hospitales públicos y clínicas privadas de la ciudad, sumando a ello la publicación en medios periodísticos el lunes donde se informó del cese de actividades en diversos establecimientos educativos de esta ciudad por la falta de ese servicio.

Se pide investigar la presunta comisión de un ilícito en los postulados de la Ley 25.877 que en su artículo 24 señala: “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.”

INTENCIONALIDAD

También ayer el fiscal de Estado, Miguel Montoya, informó que denunció penalmente al Sindicato de Obras Sanitarias. “Tamaña medida de afectación a la ciudad no se puede basar en sus reclamos donde no hay posibilidad de pérdida de empleos ni salarios. La proporción de la medida sindical con lo peticionado en un momento de gravedad constituye una intención dolosa de perjudicar a la entidad y a toda la sociedad”, indicó el fiscal de Estado.

Asimismo, en declaraciones a Radio del Mar, Montoya criticó las decisiones y el accionar del intendente Néstor Di Pierro y deslizó que le tiene temor al sindicato. “Sentarse a negociar en una situación de gravedad como la falta de agua es negociar en debilidad. Lo que hubiera correspondido no es negociar porque no era parte del conflicto, sino autoridad de la ciudad que ante esa situación debió, con asesores, tomar acciones judiciales y no sentarse como elemento negociador”, dijo.

Más tarde se conocería la denuncia presentada por Di Pierro pidiendo investigación sobre la actitud del gremio de Obras Sanitarias.