El Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA) emitió un comunicado para exponer una situación que ya genera más de un alerta en el ente estatal conducido por Luana Volnovich.

Hace varios días fue ATE la que exigió explicaciones por los 150 despidos en plena pandemia y ahora se suma el SUTEPA, perteneciente a la CTA, que además agrega que «al mismo tiempo se brinda protección a ex funcionarias y funcionarios de alto rango del macrismo y se producen cientos de nuevos ingresos a la planta de Pami con el objetivo de hacer política para la organización que la conduce.»

Los ejemplos exponen a PAMI Salta, PAMI Luján, PAMI Misiones y a los niveles centrales. Aseguran que en todos hubo despidos y situaciones sospechosas.

«En PAMI Salta, trabajadoras contratadas, una de ellas profesional del trabajo social, fueron excluidas de las renovaciones para su continuidad laboral por parte de la Dirección Ejecutiva Local mientras se permite la incursión de “voluntarios” dentro de las oficinas», relataron.

En PAMI Luján, se despidió a un trabajador precarizado por haber iniciado la relación laboral en 2016, «pero continúa en su lugar el funcionario a cargo de la coordinación médica que ingreso con la gestión pasada, en una clara muestra de utilización de la política como selección de personal.», compararon.

Así mismo, aseguran que en Pami Misiones se despidió a embarazadas o a mujeres sostén de familia, pasando por alto «las consideraciones sobre género a las que les gusta apelar a las y los actuales funcionarios», dispararon desde el SUTEPA y aseguraron que «Otro tanto ocurre en los niveles centrales donde se rescindieron contratos de profesionales».

Desde el sindicato denuncian destrato a la carrera de los estatales, desconocimiento y aseguran que «se apela continuamente a que la gestión vino a refundar la obra social y “poner al PAMI de pie de una vez y para siempre”, frase frecuente en cada una de las gestiones que administraron el Instituto, pero que al concluir, siempre dejan la obra social un poco peor y

esta no parece ser la excepción.», aseguran.

Por estos motivos condenan «los despidos sin causa y más aún los despidos de trabajadores contratados en fraude a la ley laboral en delegaciones de Pami de todo el país», expresaron.

Separaron al gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque «presentan un programa para regularizar la situación de los trabajadores contratados», mientras que «en Pami se los despide, generando de esta forma onerosos juicios laborales, por lo que sería justo que sean los funcionarios quienes respondan con su patrimonio las onerosas consecuencias por las decisiones que adoptan y no terminen pagando los jubilados», reclamaron.

«El personal de la obra social que atiende a la población que requiere más atención y protección durante la pandemia, alerta sobre el estado en el que se encuentra el Instituto por la falta de prestaciones y la disminución de la atención a las y los afiliados, consecuencia de la conducción de funcionarios y funcionarias de escasa capacidad de gestión y poca sensibilidad, que solo piensan en el proyecto político electoral de este año.», cerraron.