La secretaria general del gremio, Silvina Ríos, denunció que "quince empleados de la empresa editora de El Diario de Paraná fueron citados por la gerencia" de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER, propietaria de la publicación) para "comunicarles que firmen la conformidad para el retiro voluntario, a cambio del pago del 50 por ciento de lo que les corresponde como indemnización".

"No era optativo, tenían 30 minutos para firmar", cuestionó la referente del SETPyC. 

Sobre el conflicto, Ríos señaló que "ante la negativa (por parte de los trabajadores) de firmar la conformidad de retiro voluntario, el abogado de la empresa, Alexis Weitemeier, y el apoderado, Pablo Eduardo Arino, dejaron los buenos modos y pasaron a decir que esos 15 retiros voluntarios pasaban a ser 15 despidos sin causa".

En ese momento, agregó la gremialista, "intervino el escribano (de la empresa) José Luciano Fettolini para convalidar las actas de despidos que nadie convino a firmar".

"Esta no es la primera vez que pasa", advirtió, y recordó que "hace cinco años, ochenta periodistas gráficos y administrativos vivieron la misma situación sin que hasta ahora hayan recibido su debida indemnización".

"El SETPyC, junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), ya realizó las denuncias requeridas", informó finalmente Ríos.

La empresa editora de El Diario de Paraná ingresó en concurso preventivo en el año 2018: el proceso tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Paraná, a cargo de Ángel Luis Moia.

SAER, Sociedad Anónima Entre Ríos, es controlada por el inversor Ramiro Nieto y las familias del exministro de Agroindustria durante la gestión Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, y de su hermano Arturo, candidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza (LLA).

En noviembre pasado, la jueza de Garantías de Paraná Carola Bacaluzzo procesó a siete integrantes de la familia Etchevehere -entre ellos los hermanos Luis Miguel y Arturo Etchevehere- por el vaciamiento empresarial de El Diario de Paraná.

La jueza los responsabilizó por la figura penal de administración fraudulenta o como partícipes necesarios de ese delito por desviar créditos y transferir inmuebles, prácticas que consideró perjudiciales para el patrimonio de la sociedad.