El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, presentó un reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, solicitando la transferencia urgente del total de los fondos adeudados en el marco del Presupuesto 2024 a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Según el gremio, la deuda pendiente alcanza el 57,91%, una cifra que, según la Ley de Presupuesto, debía haberse abonado en su totalidad en diciembre del año pasado.
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En el reclamo oficial, firmado por Aleñá, el sindicato detalla que la Ley de Presupuesto aprobada para 2023, y ampliada para 2024, destinaba un total de $604.738.605.280 para la DNV. Sin embargo, hasta la fecha, el Poder Ejecutivo solo ha transferido $254.040.611.480, lo que representa menos de la mitad de los fondos necesarios. El gremio especificó que, de los recursos destinados a Vialidad Nacional, los montos correspondientes al Impuesto PAIS y a la tasa del 0,05% por litro de gasoil (SISVIAL), establecidos por los Decretos 193/2024 y 976/2001, sólo han sido transferidos en un 25,18% y 22,17%, respectivamente. Esto deja un 76% de los fondos sin enviar, lo que agrava la situación.
Aleñá subrayó que esta falta de pago afecta directamente a las operaciones de la DNV, poniendo en riesgo el mantenimiento de la red vial nacional. "El incumplimiento de las transferencias presupuestarias impide a Vialidad cumplir con sus funciones esenciales, lo que ocasiona un perjuicio directo a la infraestructura vial del país", explicó la dirigente sindical.
El sindicato también advirtió que la falta de recursos no solo afecta la labor de los trabajadores de Vialidad Nacional, sino que pone en peligro la seguridad vial de todos los ciudadanos. “El incumplimiento de los pagos incrementa los riesgos de accidentes, mientras los responsables políticos miran para otro lado, desentendiéndose de sus obligaciones”, señaló Aleñá.
Además, el STVyARA denunció que, antes de presentar este reclamo formal, ya habían realizado múltiples consultas al Ministerio de Economía, pero las respuestas recibidas fueron evasivas y sin solución. De hecho, la situación empeoró luego de estas gestiones, lo que motivó la acción de hoy.
El sindicato concluyó que el reclamo no solo responde a un derecho legítimo de los trabajadores de Vialidad, sino también a una necesidad de toda la sociedad, dado el impacto que tiene el incumplimiento de los compromisos presupuestarios en la seguridad vial y el desarrollo de la infraestructura del país.
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