Por Enrique Arriaga.

Un reciente informe da cuenta de la dramática situación que atraviesa el sector industria: caída de ventas, suspensiones, despidos y expectativas negativas. Los datos surgen a partir de un relevamiento realizado por pedido de los gremios que integran la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA).

El informe fue confeccionado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que conduce el economista Hernán Letcher y donde revista también la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Julia Strada, en base a las respuestas de 23 de los 35 sindicatos que conforman la CSIRA, recibidas hasta finales de la semana pasada. La confederación nuclea a casi 62 mil empresas de 18 ramas de actividad. 

El 95,7 por ciento de los sindicatos industriales, nucleados en la Confederación de Sindictos Industriales de la República Argentina, afirma que la situación de las empresas donde trabajan sus afiliados empeoró desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre pasado. Apenas el 4,3 restante prefiere no responder y absolutamente nadie sostiene que la situación de su empresa o sector haya mejorado.

La CSIRA se formó en 2012 y nuclea a 35 gremios, entre ellos el SMATA de Ricardo Pignanelli, la UOM de Abel Furlán, la UOCRA de Gerardo Martínez, ATILRA de Héctor Ponce y la Unión Obrera Minera de Héctor Laplace.

En estos primeros meses de gobierno libertario, la confederación se mostró muy activa. Ya en enero, cuando se discutía en el  congreso nacional la versión orginal de la ley de bases, se reunieron con los diputados de UxP y anticiparon el escenario actual: "este modelo sólo funciona con desocupación, precarización y represión". 

La CSIRA se comprometió muy seriamente con el paro nacional del pasado 9 de mayo. En el sector, la adhesión fue total. En esa ocasión, emitieron un comunicado contra  “el modelo de especulación financiera y caída del poder adquisitivo que impulsa el Gobierno”

Este miércoles se reunieron con los integrantes del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales. El encuentro con los laboralistas tuvo el objetivo de fijar una posición orgánica respecto de la Ley Bases, actualmente en debate en el Senado, y del DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral se encuentra suspendido por la Justicia.

La actitud de la CSIRA en defenda del empleo y la producción industrial del país, hoy seriamente amenazada, contrasta con la actitud de la Unión Industrial Argentina, que se debate entre el silencio y el apoyo en público al gobierno y las críticas en privado y el enojo del sector pyme con la conducción de la entidad. 

Números rojos

Los datos son especialmente relevantes para la provincia de Buenos Aires. La mitad de la actividad industrial del país se halla en su territorio, que a su vez representa un tercio de las exportaciones y el 40 por ciento de la recaudación nacional.

Las ramas de actividad más numerosas, por orden decreciente, son la construcción (22451), la metalmecánica (11000), textil (10715), maderera (6000), plásticos (2000), vidrios (2000), petróleo y gas (1500) y naval (998). En conjunto, abarcan un universo de casi un millón cien mil trabajadores, con un nivel de sindicalización del 57 por ciento (unos 622 mil trabajadores).

El 95,7 arriba mencionado se obtiene de la sumatoria entre los que afirman que empeoró moderadamente (39,1) y los que creen que empeoró mucho (56,5). El 61 por ciento de los consultados declara caídas de ventas superiores al 15 por ciento, un 30 declara caídas menores a 15 puntosy sólo el 4,3 restante se mantiene al margen de este fenómeno.

La consecuencia directa de la caída de ventas es el crecimiento de la capacidad instalada ociosa. Más de la mitad de las empresas, el 52,2 por ciento, tiene una capacidad instalada ociosa superior al 40 por ciento, un 43,5 tiene capacidades instaladas ociosas de entre 10 y 40 por ciento y tan solo 4,3 mantiene esa variable en valores inferiores a los 10 puntos.

En el mundo de la industria, nadie cree en la recuperación en "V" o rebote de la actividad que anuncia el gobierno nacional. El 74 por ciento cree que la situación empeorará gravemente durante el próximo semestre, el 17,4 cree que empeorará moderadamente y el 4,3 cree que sólo empeorará un poco. Los optimistas, apenas otro 4,3, son los que creen que las cosas seguiran igual de mal.

La peor parte de esta crisis autoinflingida la llevan, como es de esperar, los trabajadores. Tres de cada cuatro empresas ya han despedido personal. Entre esas tres, dos despidieron entre un 10 y un 15 por ciento de su plantilla. Un 4,3 ya prescindió de más del 15 por ciento de sus trabajadores.

Cerca de la mitad de las empresas, el 48 por ciento, comenzó en los últimos meses a ofrecer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Los datos mencionados son coincidentes con la tendencia expuesta por otros relevamientos oficiales anteriores.

Según la Secretaría de Trabajo de la nación, en febrero se habían perdido 20666 empleos formales en el sector privado. En marzo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que abarca un universo de 3500 empresas, registró una perdida adicional de 34166 puestos de trabajo.

En esa misma línea, se produjo un recorte de horas extras en el 91,3 por ciento de las empresas relevadas, caída de turnos de producción en el 82,6, suspenssiones en el 69,6 y aelantos de vacaciones en el 56,5.

Escena repetida

La estadística viene a confirmar la tendencia que se viene observando y acentuando con el correr de los meses: noticias cada vez más frecuentes de despidos y suspensiones en distintas plantas industriales, como las de Longvie en Villa Martelli y Whirpool en Pilar (línea blanca), FV en Pilar (grifería), Acindar en San Nicolás y La Tablada (siderúrgica), Johnson & Johnson en Pilar (cuidado personal), FATE en Benavídez (neumáticos) y Akapol también en Pilar (pegamentos y adhesivos).

El primer golpe lo había sufrido la construcción, cuando la motosierra atacó la obra pública. No sólo la frenó por completo, impidiendo por ejemplo, las obras que hoy hubieran permitido el pleno funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, sino que congeló los pagos que el Estado nacional tenía comprometidos con las empresas, generando un terremoto en toda la cadena de valor.

Como consecuencia, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, evaluó en marzo pasado, en diálogo con Buenos Aires/12, que se habían perdido cien mil empleos directos y otros tantos indirectos.