Desde las 62 Organizaciones Peronistas de Rosario manifestaron toda su solidaridad con la ex presidenta de la Nación. “Lo que persigue el poder real a través del Poder Judicial y del poder empresarial de los medios de comunicación es descalificar a los dirigentes del campo popular, sean políticos o dirigentes gremiales”, sostuvieron. Y agregaron: “Lo que buscan es lo que buscaron siempre: apropiarse de la renta y de los recursos naturales”.

“El poder tuvo su primer tiempo endeudando a la Argentina y busca su segundo tiempo para adueñarse del presupuesto del Estado para su propio beneficio y de los recursos naturales para la hegemonía global del Norte. No es el delito lo que persigue a Cristina, es el poder que quiere aleccionar, disciplinar, silenciar al pueblo. No lo lograran, porque los ideales de soberanía política, independencia económica y justicia social están presentes, y así será hasta que los alcancemos. No la toquen a Cristina, no se lo decimos más”, completaron desde las 62 Organizaciones Peronistas

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Recolectores, Marcelo Andrada, se sumó al repudio. "Vienen no solo por la expresidenta, sino por referentes sociales y gremiales", consideró. "Nos parece que se viene armando algo desde la derecha argentina, que sigue reagrupándose y persiguiendo a los sectores que levantamos las bandera de lo popular. Llos argentinos debemos entender qué es realmente lo que queremos: una Argentina democrática o una dictadura nefasta, con planes de hacer desaparecer los derechos de miles y miles de trabajadores”. 

Para Antonio Ratner, titular del gremio de Trabajadores Municipales de Rosario, el pedido del fiscal Luciani es "un artero ataque a la democracia". "No se puede sostener como asociación ilícita a quien conduce y representa un gobierno constitucionalmente elegido", remarcó.

“Nos parece una locura la promiscuidad de complicidad inocultable entre fiscal, el juez y el propio Macri. Quieren hacer exactamente lo mismo que hicieron con Perón y el Peronismo como expresión política popular mayoritaria en el 1955”, dijo Julio Barroso, referente del Gremio de Trabajadores Químicos de San Lorenzo. "La democracia se mejora con más democracia, la república con más república, no volviendo a prácticas de odio y cancelación de dictaduras de hace casi 70 años. Los que están atrás del lawfere son los que les molesta la democracia y la voluntad popular, porque siempre lo ven como una amenaza a sus privilegios”, completó el dirigente gremial.

Walter Palombi, del Sindicato de Correo de Rosario, dijo no estar sorprendido por el pedido de los fiscales. "Esta es, evidentemente, una causa armada. En Latinoamérica se ataca a todos los movimientos nacionales y populares y en Argentina se ataca a la referente más grande del sector. Definitivamente van por ella. Buscan proscribirla y practicar a partir del año próximo un modelo neoliberal. Estoy seguro, sin embargo, que con el pueblo vamos a construir un nuevo 17 de octubre. El campo nacional y popular no soporta más la embestida de esta derecha recalcitrante", sostuvo, contundente.

Claudia Indiviglia, secretaria general del gremio de Trabajadores Estatales (Norte), expuso que “quieren correr a Cristina de la escena política porque saben que es la referente más importante de los sectores populares. Es todo muy burdo y muy obvio. Los sectores que peleamos día a día por los derechos de las mayorías debemos estar muy atentos porque nuevamente la derecha en este país vuelve a mostrar todas sus miserias y en confluencia con un sector de la justicia que hiere fuertemente a la democracia”

Desde el gremio de docentes universitarios (COAD) indicaron que, “la judicialización de actos de gobierno y la persecución política a dirigentes y militantes a través del aparato judicial es una práctica sistemática desde hace años, y tanto en América del Sur como en América Central derivan en hechos de notable gravedad, que violan derechos democráticos y atacan la voluntad popular”.

“La utilización abusiva de la figura de prisión preventiva para encarcelar dirigentes y ex funcionarios, la realización de golpes blandos (derrocamiento de Gobiernos democráticos a través de caminos institucionales) y el armado de causas son métodos utilizados recurrentemente por poderes como el judicial y el mediático, poderes que nadie vota y que pretenden colocarse por encima de la democracia”, agregó el gremio

“Rechazamos a este poder judicial corrupto, que es el mismo que de forma sistemática ataca y criminaliza a quienes luchamos por nuestros derechos. Repudiamos los intentos de proscripción y de condena ilegítima a Cristina Fernández. La disputa política, las diferencias, deben dirimirse en el terreno de la política y sólo ser sometidas al veredicto de la voluntad popular”, completó la COAD