Representantes de los sindicatos policiales advirtieron, en conversación con la diaria, de sanciones que son aplicadas contra funcionarios que denuncian presuntos hechos de corrupción e irregularidades en los procedimientos. Calificaron como «persecución y represalias» a los sumarios y traslados que son dispuestos para aquellos funcionarios denunciantes.

Fabricio Ríos, del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), señaló en declaraciones al mismo medio que, ante «un hecho de corrupción o de cualquier irregularidad cotidiana que un policía o un funcionario del Ministerio de Interior denuncie», se aplican medidas contra el mismo que pueden verse como represalias. «Son perseguidos, a tal punto que uno ve que lo que se está intentando es desvincular al funcionario de la institución», dijo.

Añadió que dicha situación ocurre tanto en el caso de los ejecutivos como de personal de Identificación Civil, bomberos, agentes de Migración y hasta del Hospital Policial.

Advirtió además del peligro que conlleva esta situación, la que podría resultar en que «el policía no se anime a denunciar tantos hechos de corrupción como irregularidades cotidianas», ya que las mismas suelen terminar en sumarios y sanciones para los denunciantes.

El sindicalista anunció que desde el Sifpom tendrían una reunión con el ministro Heber por estas situaciones.

A su vez, Julio Acosta, perteneciente a la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Maldonado (Sipolma), coincidió con las declaraciones de su colega. «Ratificamos y confirmamos eso (..), es lamentable, pero ocurre», señaló. Desde el Sipolma también solicitaron una reunión con el Ministro por el mismo tema.

Los casos

Ríos ejemplificó lo que sucede con el caso de corrupción que se investiga en la Jefatura de Treinta y Tres, donde el denunciante, que además es delegado sindical, advirtió sobre «hechos con apariencia delictiva y fue separado del cargo con medio sueldo».

Contó además de un caso en la Dirección Nacional de Migración, lugar en el que los denunciantes fueron separados del cargo y se les retuvo medio sueldo, porque las autoridades entendieron que se había «utilizado mal la herramienta de denuncia».

Acotó que tras hablar del tema con Jorge Larrañaga, ministro de entonces, «fueron reintegrados y les devolvieron los medios sueldos», pero se los trasladó a la Jefatura de Artigas. Ríos concluyó en que el mensaje en estos casos es: «si denunciás algo, te va a pasar esto».

También hizo referencia a un insólito hecho, en el que un funcionario sordo solicitó que se lo trasladara de atención al público, ya que con la pandemia y el uso general de tapabocas que conlleva, «no puede leer los labios, y eso dificulta su trabajo». Ante esta petición, el funcionario fue sancionado.

Por su parte, Acosta apuntó a un hecho ocurrido en Maldonado. En este caso, el expresidente del sindicato, Julio Pereira, denunció una irregularidad, tras la cual fue sumariado. La denuncia presentada advertía de una omisión en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica de ese departamento, donde no se tomó una denuncia por ese delito, como correspondía.

Desde el Sipolma atribuyen las sanciones aplicadas a Pereira, como una represalia por parte del jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, por anteriores diferencias con el denunciante.

Posible solución

Ríos dice que desde Sifpom han propuesto en años anteriores la creación de una fiscalía especializada en estos temas. La idea fue presentada en su momento al fiscal de Corte Jorge Díaz, pero «no había presupuesto para esto». También se propuso la creación de una línea telefónica, para que se puedan denunciar estos hechos de manera anónima. Tampoco se implementó esa medida.

Sin embargo, desde el sindicato no se resignan en cuanto a la implementación de estas propuestas. «Vamos a insistir con que exista una fiscalía», aclaró Ríos, quien además señaló que el nuevo ministro está «abierto y preocupado, con la intención de solucionar este tema».