Hoy, más de 30 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil respaldan la petición de los eurodiputados de despojar a los grupos de presión de Amazon de su acceso parlamentario.
El 5 de febrero, los eurodiputados de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo enviaron una carta oficial a la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, instando a la retirada de las acreditaciones a los representantes del gigante tecnológico, impidiéndoles así el acceso a los pasillos del Parlamento.
La decisiva acción se produjo en respuesta a la negativa de Amazon a dialogar con la Comisión de Empleo sobre cuestiones cruciales relativas a las condiciones de trabajo en sus almacenes. Amazon declinó una invitación para participar en una audiencia, al parecer diciendo que "no era un buen día para ellos". Amazon visita con frecuencia el Parlamento Europeo. Sólo en enero mantuvo nueve reuniones con eurodiputados, incluida una justo un día después de la audiencia.
Amazon ya se negó a testificar en una audiencia anterior en 2021, y después de que la empresa cancelara una visita de una delegación del Parlamento Europeo a sus almacenes en Alemania y Polonia prevista para diciembre de 2023. Exactamente el mismo día de la audiencia, Amazon también fue multada con 32 millones de euros por una vigilancia "excesivamente intrusiva" de los trabajadores de sus almacenes en Francia, lo que pone de manifiesto sus condiciones de explotación laboral.
Ahora, una coalición de más de 30 sindicatos y grupos de la sociedad civil apoya la petición de los eurodiputados en una carta abierta dirigida a la Presidenta del PE, Roberta Metsola, en la que expresan su profunda preocupación por la actitud desdeñosa de Amazon hacia el escrutinio democrático y los sindicatos, unida a sus cuantiosas inversiones en actividades de lobby.
La carta argumenta que "el desprecio de Amazon por las instituciones democráticas de la UE no debería permitir que la empresa se libre de culpa". Sus firmantes, entre los que se encuentran importantes federaciones sindicales europeas como UNI Europa, los observatorios de lobbies Corporate Europe Observatory y Lobby Control, así como ONG que investigan el poder corporativo como SOMO, piden a Metsola "que aplique el artículo 123 del Reglamento del Parlamento Europeo y exija la retirada inmediata de todas las insignias de lobby de la empresa."
Las cifras de LobbyFacts.eu muestran que, desde 2013, Amazon ha destinado la asombrosa cifra de 18,8 millones de euros a grupos de presión instituciones europeas, lo que demuestra el compromiso de la empresa para influir en las decisiones políticas. Además, Amazon emplea actualmente a catorce lobistas acreditados por el Parlamento Europeo.
Además, una denuncia formal presentada por CEO, LobbyControl y SOMO ha desencadenado una investigación por parte de la secretaría del Registro de Transparencia sobre las irregularidades en torno al registro de Amazon. Las acusaciones incluyen afiliaciones no reveladas con varios grupos de reflexión y un presupuesto de lobby potencialmente subestimado. El 8 de febrero, el Defensor del Pueblo Europeo "pidió a la Secretaría del Registro de Transparencia de la UE que llevara a cabo investigaciones más exhaustivas y significativas cuando se trate de reclamaciones públicas sobre presuntas infracciones del código de conducta por parte de organizaciones registradas".
La creciente presión sobre Amazon forma parte de una campaña más amplia liderada por la campaña Make Amazon Pay, que movilizó huelgas y protestas en más de 30 países el Black Friday de 2023, con trabajadores de cuatro países reunidos en un piquete internacional en el almacén de Amazon en Coventry, Reino Unido. Esta semana, los días 13, 14 y 15 de febrero de 2024, se espera que más de 1.000 trabajadores de Coventry vuelvan a la huelga para exigir un aumento salarial a 15 libras la hora y el fin de las prácticas antisindicales de la empresa. El historial del conglomerado, empañado por acusaciones de prácticas laborales explotadoras, violaciones de las leyes antimonopolio, evasión fiscal y negligencia medioambiental, ha suscitado duras críticas de grupos de defensa de todo el mundo.
Oliver Roethig, Secretario Regional de UNI Europa dice: "Amazon trata a nuestros parlamentos, a nuestras instituciones democráticas, como a sus trabajadores: con desprecio. Por ello, celebramos que los diputados del Parlamento Europeo hayan dado un paso concreto para prohibir la entrada al Parlamento a los grupos de presión de Amazon. Al trazar una clara línea roja, están diciendo que no se tolerará el comportamiento antidemocrático de Amazon, ya sea hacia los sindicatos o hacia los parlamentos"."
Bram Vranken, investigador y activista del Corporate Europe Observatoryañade: "Mientras Amazon invierte masivamente en grupos de presión en Europa, la empresa muestra un desprecio absoluto por el escrutinio democrático de su explotador modelo de negocio. No debemos permitir que la empresa se salga con la suya y retire inmediatamente todos sus distintivos de lobby."
Margarida Silva, investigadora de SOMOañade: "Amazon es una de las mayores empresas que operan en Europa, y ejerce un inmenso poder sobre las empresas más pequeñas y los trabajadores. En los últimos años, también ha aumentado su presión sobre los responsables políticos de la UE. Sin embargo, la empresa ha rechazado incluso un mínimo control parlamentario sobre sus negocios. Esto es una afrenta a la democracia".
Max Bank, activista de LobbyControlconcluye: "Es una falta de respeto no asistir a una audiencia parlamentaria. Esto debe tener consecuencias para Amazon. Retirar los distintivos de lobby a la empresa es la señal correcta. Cualquiera que se comporte de forma irrespetuosa con el Parlamento tampoco merece ser escuchado allí".
La postura colectiva de los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil subraya la urgencia de responsabilizar a las empresas de sus actos. En última instancia, reafirma el compromiso de defender los principios democráticos en el Parlamento Europeo.
El Haz que Amazon pague es una coalición de más de 80 sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, ecologistas y organismos de control fiscal. Ha organizado huelgas y protestas en más de 30 países.
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