La suspensión de la pauta publicitaria oficial anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y ratificada por el Ministro Caputo, afecta a toda la ciudadanía en su derecho a la información, clave para la vida en común en sociedad, por ejemplo, en cuanto a campañas sobre salud, educación, transporte y mucho más, respecto de las que el Estado nacional está obligado a brindar.

La decisión impactará en cientos de medios de comunicación, con y sin fines de lucro, en los que hay miles de trabajadoras y trabajadores de prensa a quienes representan desde el gremio. 

Las plataformas, que no tienen ninguna regulación y no producen contenidos, no reemplazan a los medios de comunicación en su rol de informar. Tampoco a quienes salen a la calle a buscar noticias, a quienes operan una consola o al cadete de un medio, ni a quien informa sobre el estado del tránsito o saca fotos en un partido de fútbol.

Con las redes de medios comunitarios y autogestivos, en conjunto con otros sindicatos y sectores de la comunicación, desde hace años el Sipreba viene reclamando que la pauta oficial sea democrática y federal. El Estado tiene la obligación de favorecer la diversidad de medios y su sostenibilidad, derivada del hecho de que la libertad de expresión protege los derechos de quienes se expresan y de quienes escuchan.

Este anuncio manifiestan desde la organización gremial, por el contrario, anula toda distribución de la información pública y afecta el derecho a la comunicación, la pluralidad de voces y la libertad de expresión. Medidas de este tipo, además, aumentan la asimetría y la concentración que, en palabras del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implica restringir la democracia porque silencia voces.