En enero pasado, el sindicalista y titular de la Uocra Bahía Blanca fue detenido con montos millonarios de desconocida procedencia y fue denunciado por asociación ilícita y extorsión. El Sitraic le envió una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal, para que los fondos recaudados de esa operación, sea utilizado para la construcción de viviendas sociales.
Víctor Grosi, secretario general de los obreros de la construcción, Sitraic, envió una propuesta a la gobernadora bonaerense que contempla que los fondos recaudados de la actividad de la Uocra en Bahía Blanca, sirvan para construir viviendas sociales en aquella comuna, al sur de la provincia de Buenos Aires.
“Es evidente que dicho dinero es fruto de actividades ilícitas llevadas a cabo por las personas detenidas en su función sindical y en claro perjuicio de los trabajadores de la industria de la construcción de Bahía Blanca, a los cuales debían representar y defender en sus intereses”, sostiene el argumento del escrito presentado por el titular del Sitraic.
La idea que redacta Grosi, se desprende de la detención de Humberto Monteros, secretario general de la UOCRA, quien fuera detenido a principios de 2018, en Monte Hermoso, por hacerse de fondos y de asociaciones ilícitas y a la vez, extorsionar a empresarios de la actividad constructora en el pago que conduce políticamente Hector Gay. Según consta, Monteros embolsaba alrededor de 5 millones de pesos y 100.000 dolares. Esto, sobre los 430.000 dólares encontrados en una caja fuerte. Las viviendas que el Sitraic recomendó construir a Vidal, podrían ser ejecutados en viviendas sociales en territorios fiscales y que sea para trabajadores de la construcción de esa localidad. “Ese dinero les pertenece a ellos, muchos de los cuales están en una virtual situación de calle, debido a los bajos salarios por debajo de la canasta familiar que perciben”, declaró un dirigente del Sitraic Bahía Blanca al matutino Clarín.
Sobre la elección de entrega de las viviendas, Grosi recomienda que se privilegie “a los trabajadores que sean jefes de familia y por sobre éstos, a quienes tengan hijos discapacitados, con certificado de discapacidad legalmente extendido”
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