Por Ricardo Carpena

Más allá del conflicto entre Javier Milei y algunos sectores por las reformas que impulsa el Gobierno existe una trama reservada de contactos y entendimientos para llegar a acuerdos mínimos que se conviertan en políticas de Estado. La intención no es nueva, pero sindicalistas y empresarios vienen dialogando por debajo de la línea de flotación mediática para consensuar algunas medidas. Hoy, los mismos actores esperan que pase la efervescencia del DNU 70 y de la Ley Ómnibus para que la administración libertaria abra las puertas de la concertación y se puedan afianzar los cambios.

“Sólo el diálogo tripartito garantiza la paz social” es una de las frases de cabecera de Gerardo Martínez, uno de los máximos dirigentes de la CGT y líder de UOCRA. Pertenece al sector dialoguista del sindicalismo y su rodaje en el plano internacional le permitió abandonar la rigidez que tienen las ideas de muchos de sus colegas: desde 2005 es uno de los 122 miembros del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Por eso se entiende su insistencia desde hace años en apelar a una “solución a la irlandesa o portuguesa” para salir de la crisis en la Argentina mediante un diálogo institucionalizado entre el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas.

Desde el empresariado, Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), comparte con el jefe de la UOCRA un amplio rodaje internacional como miembro del Consejo de Administración de la OIT y una prédica en favor del diálogo tripartito. Hace dos años dijo algo que tiene mucha actualidad: “Tenemos una tendencia a mirar con faros cortos, como mucho los próximos tres meses o la próxima elección. No llega a ser una visión de dos años y ni siquiera de un período presidencial completo. Cuando tenemos claro el mediano y el largo plazo es mas fácil dirimir contiendas del corto plazo. Si no, el que se sienta a la mesa quiere arañar lo que pueda del otro porque no hay un visión hacia adelante. Eso le pasa a la política, no la hemos ayudado a poner faros largos”.

El economista Gabriel Molteni destacó en un artículo publicado en la revista Cultura Económica que “la concertación social experimentó un fuerte resurgimiento en los años 90: de los 15 países de la Unión Europea, Alemania, España, Irlanda, Italia, Finlandia y Portugal experimentaron muchas iniciativas de este tipo durante el período 1992-1998″, aunque destacó que el caso de Irlanda “se suele citar frecuentemente como uno de los más exitosos”.

Este especialista afirmó que “Irlanda y Finlandia son dos de los países que han sido más consistentes a lo largo de las dos últimas décadas para celebrar pactos cada dos o tres años” y que “Irlanda, desde 1988, ha firmado 6 pactos sociales, cubriendo un período de tres años en cada uno. Por eso, desde los años ochenta, este país “experimentó un rápido incremento del PBI per cápita, pasando de apenas el 70% del promedio de la Unión Europa a alcanzar cerca del 140%”. Y resaltó que “representa el “milagro económico” de la década del noventa: en sólo 15 años, Irlanda pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a ser uno de los más ricos, donde la institucionalización de los acuerdos sociales y su continuación en el tiempo jugaron un papel fundamental para explicar ese milagro”.

Para Molteni, “el modelo irlandés, con sus pactos sociales de la década del 90, es uno en el cual los salarios crecen sistemáticamente menos que la productividad mientras los trabajadores son compensados con reducciones en el impuesto a los ingresos, que generalmente es progresivo. Sobre la base de políticas fiscales y monetarias austeras, estos acuerdos implicaron moderación salarial compensada por recortes de impuestos. Al mismo tiempo, los acuerdos sociales se enfocaron en la exclusión y la desigualdad, en primer lugar, al mantener constante el valor real de las transferencias, y luego, con medidas más importantes en base a lo acumulado en las arcas públicas después de 7 años de crecimiento. De esta manera -concluyó-, se lograron ganancias de competitividad sostenidas con equidad social. La Argentina podría aprovechar lo positivo de esta experiencia y, al mismo tiempo, mantener bajo control el nivel general de precios”.

Ese es uno de los esquemas de diálogo social que tiene en mente un sindicalista como Martínez, mientras Funes de Rioja prefiere el modelo español de los Pactos de la Moncloa, de 1977, en el que la derecha de Adolfo Suárez convocó al comunista Santiago Carrillo y al socialista Felipe González y detrás del acuerdo político llegó el económico y social que involucró a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a UGT y Comisiones Obreras por los sindicatos.

El camino no es sencillo. Ya en julio de 2022, los empresarios del Grupo de los Seis y la cúpula de la CGT buscaron consensuar 5 medidas macroeconómicas que se conviertan en políticas de Estado para presentárselas tanto al gobierno de Alberto Fernández como a los partidos de la oposición.

Todo comenzó en charlas que Gerardo Martínez mantuvo dentro del Consejo de Planificación Estratégica de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), a partir de las cuales decidieron sumar a las entidades empresariales del Grupo de los Seis: la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina (UIA), además de CAMARCO.

Tampoco funcionó en el gobierno de Fernández una instancia de diálogo tripartito para definir políticas de mediano y largo plazo como el Consejo Económico y Social, presidido por Gustavo Beliz y con participación del empresariado y el sindicalismo: llegó a definir algunos proyectos, pero el estilo titubeante del Presidente y el agravamiento de la crisis económica neutralizó su actividad.

Gerardo Martínez pertenece al ala dialoguista del sindicalismo y es uno de los referentes del sector de los independientes, junto con Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quienes, aliados a “los Gordos” (Héctor Daer, de Sanidad, y Armando Cavalieri, de Comercio), y los barrionuevistas (Carlos Acuña, de estaciones de servicio), mantienen el control de la CGT. Algunos de sus aliados son dirigentes moderados como Sergio Romero, líder de Unión Docentes Argentinos (UDA); Rodolfo Daer, de Alimentación; Jorge Sola, del Seguro; Carlos Frigerio, de cerveceros; Amadeo Genta, de municipales porteños, y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, entre otros.

Esa fracción sindical mantuvo charlas reservadas con Guillermo Francos, ministro del Interior, luego del triunfo electoral de Milei. Allí, el representante de los libertarios les dio garantías de que la reforma laboral proyectada no iba a afectar los intereses del poder sindical. Sin embargo, no fue lo que quedó expresado en el DNU 70, que contiene cambios que jaquean al gremialismo, como la limitación de las cuotas solidarias, que son cláusulas pactadas en los convenios colectivos de trabajo para que los sindicatos reciban un aporte adicional que les garantiza la supervivencia y expansión económica.

La diferencia entre lo que prometió Francos y el texto final del DNU le fue atribuida a Federico Sturzenegger, el cerebro de la desregulación de la economía impulsada por Milei y responsable, según fuentes oficiales, de haber profundizado las medidas más duras contra el sindicalismo.

Por eso la CGT desplegó una fuerte ofensiva contra el DNU: por un lado, con presentaciones ante la Justicia, que la ye permitieron frenar la reforma laboral, y, por otro, con un plan de lucha que arrancó con un acto en la Plaza Lavalle y seguirá el 24 de enero con un paro 12 horas con movilización.

En el empresariado, que avala el contenido de los cambios laborales, critican el apresuramiento de la CGT en realizar un paro y admiten que “no hay espacio” en estos días para ensayar un diálogo tripartito. En principio, porque el propio Milei eligió una estrategia de shock, sin acuerdo alguno para avanzar con sus reformas económicas y sociales: “Hay que esperar que pase la espuma del conflicto y seguramente en ese momento el Presidente deberá llamar al diálogo -dijo un jefe industrial-. La situación del país es demasiado frágil como para obviar la búsqueda de acuerdos y consensos”.

Aun en una CGT que se endureció ante el Gobierno, Gerardo Martínez defiende la idea de alcanzar acuerdos tripartitos: “El diálogo es una llave maestra para estos momentos en donde el ajuste provocado por este gobierno recae sobre las espaldas de la clase media y de los trabajadores -señaló a Infobae-. Estoy convencido de que los argentinos no aceptaremos una sociedad dual”.

“Si hablara con el Presidente, este sería mi planteo”, anticipó el titular de la UOCRA, aunque fue muy crítico del oficialismo: “El Gobierno plantea de una manera sincrónica, en los tiempos que vivimos, cosas que podían ser viables en la década del 90, donde existía un monetarismo absoluto, pero indudablemente el cambio estructural que se da en el mundo hace que hoy en todo el mundo se hable de un capitalismo asistido, que significa que se mantienen las reglas claras del capitalismo, pero se sostienen el diálogo, el entendimiento y la diversidad sobre la base del consenso”.

Para Martínez, “hay que tener en cuenta que las medidas que se van estableciendo en la educación, la formación profesional y la atención de los sectores más vulnerables forman parte de una regla tan importante como la que pasa por lo económico y lo financiero”. Y puso un ejemplo: “Cuando en 2007 Angela Merkel propuso una reforma del régimen previsional en Alemania, dijo que, teniendo en cuenta de la seguridad jurídica de los beneficiarios del sistema, los cambios tenían que tener la misma sustentabilidad que piden el mundo económico y el mundo financiero. Por lo tanto, dispuso que la modificación del régimen previsional alemán se hiciera en 9 años y en distintas etapas”.

El dirigente de la CGT destacó “dos casos muy particulares que se dieron en un proceso de ajuste severo, como el de Irlanda y el de Portugal, donde se planteó la necesidad de un cambio estructural y volver a lograr la estabilidad económica porque corrían riesgos de ser expulsados de la Unión Europea, pero el mismo planteo de los cambios incluía el diálogo tripartito, algo que permitió entender las necesidades de aquellas personas que se veían afectadas por esas reformas”.

Por otra parte, Martínez atajó las eventuales críticas de quienes le apuntaron porque trascendió que recibe “consejos” de los economistas Alfonso Prat Gay, Eduardo Levy Yeyati y Martín Rapetti: “No son asesores sino que son amigos con lo que hablo -dijo-. No me encierro a hablar con los de mi misma ideología. Los problemas estructurales se resuelven con diálogo y políticas de Estado”.

En su artículo, titulado “Los pactos sociales como garantía para el desarrollo sostenido”, Molteni puso el acento en otro eje: “La credibilidad es una condición indispensable para que la política económica sea tomada seriamente dentro del país. Para ello, es necesario que el gobierno se muestre capaz y con voluntad de aplicar la política en cuestión y comprometerse plenamente con su implementación. El diálogo social suele mejorar la credibilidad de esas políticas dado que el diálogo mejora las chances de aceptación por consenso e implica una mayor amplitud y diversidad de conocimiento”.

Un experto en temas económicos y sociales de Juntos por el Cambio, que pidió no ser identificado, sostuvo a Infobae que “el diálogo tripartito siempre es posible y es condición necesaria si se quiere avanzar con una reforma laboral pro empleo (lo que se mostró hasta ahora es una desregulación, no una reforma)”. Sin embargo, juzgó que “la prioridad del gobierno libertario parecería ser otra: debilitar a los sindicatos y desregular, en la creencia que la desregulación per se genera empleo, algo que hace años sabemos que no es cierto”. Pero aclaró que “lo de la voluntad del Gobierno corre para todos: Alberto Fernández creó un Consejo Económico y Social para la foto, sin intención de reformar nada”. Y concluyó: “El diálogo, de existir, no sería en los medios sino entre actores y especialistas”.