Son 19 los dirigentes gremiales que fueron procesados por el juez Rodolfo Canicoba Corral y algunos se encuentran comprometidos en más de un delito de los que se enumeran en la causa: administración fraudulenta del SOMU; de la Obra Social OSPM y de la Mutual del personal marítimo; asociación ilícita y coacción. En esta etapa del proceso, los camaristas Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah y María Victoria Talarico, de la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, rechazaron los pedidos de nulidad; confirmaron el embargo y no hicieron lugar al pedido de excarcelación presentado por quien fuera el Secretario General del SOMU, Omar Suárez. Dos de los dirigentes procesados hoy son parte activa del gremio; se trata de Alejandro Giorgi y Luis Clemente, los mismos que denunciaron hace tres años a Suárez.

Por administración fraudulenta de la Obra Social están procesados Suárez, Juan Medina, María del Carmen Cabrera Peña, Carlos Ruiz, Juan Baneki, Julio Barrera, Mario Morato, Leonardo Abregu, Héctor Matellanes, Rosario Torrez y Raúl González. Se los acusa del desvío injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM con destino a la Fundación Azul por el monto de 3 millones de pesos y a hacia la Gerenciadora “Logística Salud” por aproximadamente 8 millones de pesos.

Por administración fraudulenta de la Mutual del Personal Marítimo están procesados los mismos funcionarios que en el caso anterior pero se suman Leonardo De Bari, Rubén Moreira, Felipe Brighina, Rubén Luque, Carlos Milanesi, Héctor Troncoso y Alejandro Giorgi, actual colaborador del secretario del SOMU, Raúl Durdos. La acusación que pesa sobre ellos es que, a través de maniobras fraudulentas lograron desviar fondos de la Mutual por un monto total de 17.950.552 pesos sin acreditar la debida documentación y “en directo perjuicio a los afiliados”, señala el escrito.

Por administración fraudulenta del SOMU están procesados Morato y Abregú, Giorgi, Moreira, Brighina, Luque, Milanesi, Troncoso, De Bari y Torrez. Se los acusa de haber administrado “los bienes e intereses pecuniarios del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos en forma fraudulenta, obteniendo para sí y la banda mencionada un lucro indebido, violando sus deberes y perjudicando a los afiliados”. Se los acusa de haber facturado con sobreprecios los servicios de las firmas San Jorge Marítima y Malonot; pero además el SOMU como accionario de estas firmas no registra el ingreso de dinero por su participación accionaria.

El actual dirigente del SOMU, Luis Clemente, es señalado en esta causa como “partícipe en la administración fraudulenta (…) desde su cargo de Secretario de Turismo y miembro del Consejo Directivo, permitiendo con su accionar que esa asociación ilícita obtuviera un lucro indebido, violando sus deberes y perjudicando a los afiliados de dicho gremio”.

“Se han detectado facturas emitidas por Elite Viajes S.A. por servicios de alojamiento a funcionarios del SOMU, quienes al momento de producirse el gasto, resultaron ser, a su vez, accionistas de esa misma firma”, indicaron los camaristas; y agregaron que además se vendieron al gremio más plazas de las que el hotel disponía durante largos períodos.

La Cámara señaló que a Clemente se le imputa su participación necesaria en las maniobras al avalar “la aprobación de los balances contables, sin haber objetado nada respecto de tales accionares, en contrariedad con sus obligaciones estatutarias, sin lo cual éstas no se podrían haber llevado a cabo”.

A Mario Morato, quien intentara ser candidato a Secretario General en las últimas elecciones,  se lo acusa además de asociación ilícita por haber formado parte de una “asociación conformada junto con el jefe de la banda, el imputado Enrique Omar Suárez, destinada a cometer indeterminados hechos delictivos valiéndose del control del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, en su carácter de Secretario General Adjunto del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y Vicepresidente de la Fundación Azul”.

Del delito de coacción se los acusa a Morato, Abregu, Giorgi, Moreira y Brighina, en el conocido caso de las navieras, cuando en el año 2008 el Estado Argentino por un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal, ENARSA e YPF, comienza a importar GNL y en 2012 se estipula mediante un decreto que deben embarcar mano de obra argentina.

Señala el documento que “la asociación integrada por Morato más el jefe de la banda el imputado Omar Suárez, y por Rigoberto Suárez Cardozo, Jorge Agustín Vargas, María del Carmen Cabrera Peña, Juan Manuel Medina, Juan Hugo Baneki, Carlos Italo Nicolás Ruiz, valiéndose de sus cargos, llevaron adelante una maniobra delictiva consistente en exigirles a distintas empresas del sector naviero dinero supuestamente destinado para capacitar a los marineros a través de la escuela de capacitación marítima Omar Rupp del SOMU”.

Sin embargo, era facturado por la firma San Jorge Marítima SA, en representación de la Fundación Azul y “eran retirados por Juan Medina por orden de Omar Suárez y conforme lo organizado por el resto de la banda, en beneficio propio de los integrantes de la organización”. La suma total por estas maniobras supera los 10 millones de dólares.

Los procesados recurrieron las acusaciones sobre los delitos que se les imputa y en su mayoría alegaron que no se ha realizado aún la pericia contable que acredite su culpabilidad; en el caso de Alejandro Giorgi y Luis Clemente, se defendieron diciendo que el hecho de conocer lo que sucedía no los transforma en cómplices y Omar Suárez refuta las acusaciones alegando que no hubo desvío de dinero a su favor sino que se trató de préstamos entre las entidades y asegura que no se ha acreditado contablemente el delito.

Pero desde la Cámara indicaron que tras haber “examinado detenidamente la hipótesis delictiva sostenida por el Juez” y la acreditación de pruebas agregadas al legajo, confrontadas a su vez con las quejas presentadas por los procesados, concluyen que las acciones del magistrado han sido acertadas y que sus hipótesis están debidamente probadas. Por lo tanto denegaron los pedidos de nulidad presentados a la vez que rechazaron la medida cautelar presentada por Omar Suárez confirmando la prisión preventiva del reo.

Respecto del embargo que pesa sobre los procesados y que fue considerado por éstos excesivo, la Cámara lo confirmó, aduciendo que tiene como fin garantizar en medida suficiente la eventual pena pecuniaria, la efectividad de las responsabilidades civiles emergentes y las costas del proceso; aunque aclaró que por el momento no fijó el monto y que esto ocurrirá, eventualmente, cuando se dicte la sentencia final.