El secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), Raúl Durdos, rechazó de manera contundente el proyecto de Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, asegurando que producirá una «pérdida masiva de empleos». 

Sin términos medios, el dirigente sindical aseguró que «el plan económico de Caputo y Milei es criminal para los trabajadores». Y rechazó puntualmente la pretendida modificación de la Ley Nacional 24.922 (conocida como Ley Federal de Pesca),

Sobre ese punto, aseguró que habrá «consecuencias nefastas», a partir de «la apertura de los mares al mundo, entregando permisos de pesca de forma irrestricta y sin ningún cuidado del recurso».

Por eso, el representante sindical fue al Congreso para solicitar entrevistas con los distintos bloques legislativos y expresarles su preocupación y los duros cuestionamientos al proyecto que modifica la ley que rige la actividad. Lo acompañó el tesorero del gremio, Luis Cohen, y fueron recibidos en primer lugar por los diputados del bloque de Unión por la Patria Eugenia Alianiello, José Glinsky, Sabrina Selva, Liliana Paponet, Guillermo Snopek y Carolina Yutrovic.

Luego del encuentro, desde el SOMU se emitió un comunicado convocando a los trabajadores para participar de la reunión que se llevara a cabo con las comisiones el 17 de enero, e informó que seguirá la organización sindical seguirá visitando bloques legislativos y realizando «todas las acciones que sean necesarias para cuidar los derechos de los trabajadores»

La «farsa» de Milei que se debe desenmascarar 

El lider gremial acusó a Milei de habilitar «un ‘Rodrigazo’ inflacionario sin ninguna compensación salarial», así como de aumentar impuestos y mantener un tipo de cambio artificial, convirtiendo a la Argentina en un país «no competitivo para el exterior y carísimo para los argentinos».

Para Durdos, el presidente tomó la determinación de endeudar «de a billones por mes», y calificó a los anuncios de baja de gasto y de que «no hay plata» de «una farsa que debe ser desenmascarada, ya que despilfarran cientos y miles de veces más por día con su juego financiero corrupto».

Por último, advirtió que «lo que está en juego es la soberanía nacional y por ende la Patria, y como decía San Martín ‘cuando la patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla perecer’».

El proyecto para modificar la Ley de Pesca busca eliminar la obligatoriedad de desembarco de la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos y, también, las condiciones establecidas para el otorgamiento de los permisos de pesca, fijando un plazo de 20 años, independientemente del origen del buque, su antigüedad o la mano de obra que emplee.

Además, modifica el sistema de asignación de las cuotas de captura de pesca y habilita a que las cuotas de captura sean licitadas internacionalmente. 

Cambios en la Ley de pesca: un rechazo masivo 

El proyecto también suprime la obligación de contar con la aprobación de la autoridad de aplicación para proyectos de incorporación de buques nuevos. Y anula los requisitos establecidos para la tripulación nacional en buques pesqueros.

La pretendida modificación de la Ley de pesca generó también el rechazo de los gobernadores de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén, que llevó a que el ministro del Interior, Guillermo Francos, intentara poner paños fríos.

«Tenemos claro que la pesca es un recurso de los argentinos», aseguró. Y garantizó que «para el Gobierno las 200 millas son de pesca nacional, pesca de buques con bandera nacional». Además, anticipó que se realizarán algunas «clarificaciones» en el proyecto de Ley.

«Como ha habido algunas preocupaciones vamos a clarificarlas, porque nuestro espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales, no había una diferencia allí, lo que pretendíamos es que todo este proceso se haga de una manera transparente y eficiente y proteger la pesca en las 200 millas», aseguró Francos.