El pasado 27 de diciembre 2017, el juzgado nacional de primera instancia del Trabajo Nro. 76 obligó y sancionó duramente a la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a reconocer inmediatamente las afiliaciones de trabajadores y ex dirigentes opositores expulsados y proscritos por Omar "Caballo" Suárez en septiembre de 2014.
Dichas proscripciones y persecuciones gremiales continuaron durante todo el periodo de la intervención del gobierno nacional y la Justicia federal en el gremio marítimo por considerarlos también opositores y críticos a la gestión intervencionista político judicial.
A pesar de que se hizo justicia, el gobierno debió devolver las correspondientes afiliaciones a los trabajadores. La intervención del ministerio de Trabajo logró su cometido de evitar las candidaturas en las recientes elecciones de dichos trabajadores proscritos, donde finalmente venció la lista electoral donde participaba el Frente Marítimo 18 Verde Federal, que aúna distintas agrupaciones de trabajadores.
Los proscritos por el "Caballo" Suárez y el gobierno nacional, Jose Emiliano Moreira, Alejandro Jorge Vargas, Antonio Alfredo Cennamo y Matías Hernán Vargas provienen de la agrupación Marítima Nacional Juan Ocampo, considerada por el ministerio de Trabajo de la Nación como el sector triunfante de las elecciones realizadas más intransigente a las medidas flexibilizadoras que pretende impulsar el gobierno para el sector marítimo.
"El grupo de los 8", como se denominaba a los trabajadores y ex dirigentes expulsados que denunciaron y enfrentaron a la mafia del "Caballo" Suárez, o "los 8 locos" como solían definirlos algunos dirigentes internamente en el mundo sindical, luego de ser expulsados mediante un congreso general de delegados declarado ilegal por el propio juez Canicoba Corral (solo la seccional Bahía Blanca de donde proviene el actual secretario General del SOMU Raúl Durdos y la sección Maquina se opusieron a dichas persecuciones, el suarismo en su totalidad, sin embargo avaló las proscripciones).
Hasta hoy, no solo se ignoró la ilegalidad de dicho congreso declarado nulo por la Justicia federal, sino también se desconocieron distintos fallos reivindicatorios del juzgado Laboral Nro. 62, el acuerdo de reconocimiento de la ex interventora, las resoluciones e intimaciones de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Nro. V.
Durante más de tres años, el "Caballo" primero y el ministerio de Trabajo después ignoraron todo lo dictaminado por la Justicia a favor de los trabajadores proscritos. No se descarta la iniciación por parte de algunos de los damnificados de llevar adelante denuncias penales contra los responsables de la intervención por actuar en contra de la Justicia.
En esa misma línea de persecución gremial y proscripciones, para evitar la participación de los trabajadores y ex dirigentes del SOMU los denunciantes que llevaron a prisión al "Caballo" Suárez y denunciaron a toda la mafia societaria naviera, política y, incluyendo también denuncias de los negocios y la gestión cómplice de la propia intervención.
La Justicia que imparte el polémico juez Rodolfo Canicoba Corral aun persigue a los trabajadores Luis José Clemente, Alejandro Antonio Giorgi, Rubén Alejandro Moreira y Jorge Agustín Vargas, mediante la utilización política de la causa contra el "Caballo" Suárez, persiguiendo a los opositores denunciantes de la mafia naviera, esto se dio luego del pacto entre el Suárez y el propio gobierno para conformar una lista electoral en conjunto, que finalmente resultó vencida, continuar con los negocios marítimos y asegurarse impunidad.
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