El Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que se encuentra intervenido desde el 18 de febrero pasado por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, debería volver a la normalidad a partir del mes de febrero.

Así lo dispuso la Justicia cuando a fines de agosto de 2016, Canicoba Corral, por pedido de la Cámara Federal, acotó el mandato de de la diputada nacional Gladys González a 180 días.

En este sentido, el 22 de diciembre, el tribunal insistió en que el proceso de llamado a elecciones para elegir nuevas autoridades quede en manos de la junta electoral del propio sindicato, y que una vez finalizada la intervención corresponde al secretario general adjunto, Mario Morato, asumir la conducción de la entidad, hasta la entrega a las nuevas autoridades surgidas del voto de los afiliado.

La intervención, a cargo de González, del abogado defensor de la familia del empresario kirchnerista Lázaro Báez, Ignacio Viola; y el veedor del ministerio de Trabajo, José Alonso, tuvo una crisis a mitad de año por los manejos discrecionales de fondos, la mora en el pago de las cuentas de la entidad y falta de diálogo que en general caracterizó a la gestión.

En la actualidad, el sindicato no participa en ninguna de las actividades propias de confederaciones sectoriales como la CATT y tampoco en las internacionales como la ITF (Federación Internacional de Trabajadores del Transporte). No ha discutido paritarias, y por la simple inacción de la intervención se han perdido en menos de un año más de 2500 puestos de trabajo.

Las corrientes internas que disputarán la conducción del SOMU con tres: la "Juan Ocampo", integrada por los ex subordinados de "Caballo" Suárez, muchos de los cuales detentan a la vez la condición de denunciantes e investigados por los mismos delitos de los que se acusa al ex secretario general. Otro grupo es la "2 de abri", compuesta por los que se mantienen leales a Suárez; y la "18 de Febrero", una agrupación que al decir del resto de los competidores viene gozando de un trato preferencial por parte de la actual intervención y que es la que más colaboradora se ha mostrado con la gestión de Gladys González.

Según datos que aportan dirigentes gremiales de Corrientes y otras localidades ribereñas, el apoyo de la interventora se ha manifestado de manera abierta a través de actos calificados de "proselitistas", con fondos del gremio en forma irregular y sin mandato judicial. Concretamente, la intervención dispuso la compra de 10.000 cajas navideñas a un costo de $ 300 cada una ($ 3.000.000), que fueron repartidos entre los afiliados.

El manejo de los fondos del sindicato en forma discrecional por parte de la intervención fue uno de los motivos por los cuales los otros dos co interventores designados por Canicoba Corral renunciaron a poco de iniciar sus tareas. "La relación con la interventora no es fácil", declaró Ignacio Viola al ser consultado sobre los motivos de su alejamiento del cargo.

El gasto más cuestionado y que ha causado preocupación en el propio juzgado se origina en los sueldos que Gladys González fijó para sus colaboradores, incluida la estructura de prensa destinada no a la comunicación interna sino a difundir en los medios nacionales la labor de la intervención a la hora de denunciar los supuestos delitos de Omar Suárez.

"Ella debe reportar al juez no a los medios, esto es una entidad privada, no es un ministerio y los fondos que usa para ello (dos millones de pesos al mes) provienen de nuestros aportes y nadie nos consulta si estamos de acuerdo", argumentan algunos de los marineros.

Mientras tanto, a nivel internacional la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) ha denunciado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la demora en normalizar el SOMU; además, en ocasión del último congreso internacional realizado a principios de diciembre en la Habana (Cuba), la federación internacional dio por válido el mandato del secretario adjunto de Suárez.

En los últimos días se dio a conocer la noticia de una casi segura designación de Gladys González al frente de la ACUMAR (entidad encargada de la limpieza del Riachuelo). "Si acepta este nuevo cargo sin renunciar o a la banca o a la intervención, tendríamos a la primer funcionaria pública ejerciendo en los tres poderes del estado al mismo tiempo", indican sorprendidos los letrados del SOMU.