Una heladería deberá pagar en forma “inmediata” los sueldos de marzo y abril que adeuda a sus empleados. Un kiosco deberá reincorporar a uno de los trabajadores despedidos durante la cuarentena. Así fue establecido esta semana por la justicia laboral. La pandemia, el aislamiento y el desplome en la actividad derivaron en una creciente conflictividad laboral. “El pago de los salarios es hoy lo más conflictivo”, aseguró a PáginaI12 Matías Cremonte, presidente de la asociación de abogados laboralistas.

El pago inmediato de los salarios adeudados fue una medida adoptada por el juzgado nacional de primera instancia en lo laboral número doce, a cargo de Silvia Santos. El martes de esta semana resolvió que la heladería Guapaletas ubicada en el shopping Alcorta deberá pagar los sueldos adeudados a sus tres trabajadores. En marzo trabajaron hasta el 20, cuando cerró por el aislamiento, y en abril no trabajaron, dado que los shoppings continúan cerrados. Sin embargo, el decreto 297 estableció que durante la cuarentena los trabajadores del sector privado “tendrán derecho al goce íntegro de sus haberes habituales”.

“Les deben el salario de marzo desde el 5 de abril y todo indica que tampoco van a cobrar mayo. La empresa no acudió a suspensiones y rebajas salariales que son legales bajo el artículo 223 bis, y tampoco se inscribió en el programa ATP, donde el Estado paga la mitad de los sueldos”, contó a este diario Joaquin Corti Bielsa, representante de los trabajadores. Cuando comenzaron las demoras con el sueldo de marzo, Corti Bielsa envió un telegrama al gerente, y la empresa le indicó a los trabajadores que “no les convenía” judicializar el conflicto. “Los empleados estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de arreglar, ya sea pago en cuotas, o ser transferidos a otra filial”, agregó.

Se trata de sueldos de 20 mil pesos, para encargados de local. Esta sentencia de primera instancia significa que ni bien la empresa sea notificada, deberá proceder al pago en un máximo de 48 horas. La medida podría marcar un precedente para aplicarse en otros casos. Los sueldos impagos no suelen ser lo más frecuente en las consultas que reciben los abogados. Hay más irregularidades por rebajas salariales o pagos en cuotas. Y en la informalidad directamente se incumplen todas las leyes y los decretos vigentes.

“Hay temor a la judicialización por el miedo a la represalia, por lo que no es tan fácil para un trabajador iniciar un juicio”, afirmó Cremonte. El abogado laboralista también indicó que el artículo 223 bis que permite suspensiones legales, pese al decreto que las prohíbe, en conjunto con el acuerdo UIA-CGT, también generó conflictividad. “En algunos casos los firmó el sindicato nacional y el local, o algunos trabajadores no estaban de acuerdo”, agregó Cremonte.

Corti Bielsa informó que también se incumple el decreto 329 de prohibición de despidos. “Hay falsos acuerdos, en donde se induce a la persona a que haga un retiro voluntario, con una indemnización menor, aunque es un despido no legalizado. Y otro que vemos es el despido con la excusa del período de prueba de 3 meses”, explicó el abogado. De hecho, este miércoles hubo novedades en una causa que impulsó. El juzgado nacional de primera instancia 16 a cargo de Alberto González resolvió otorgar una medida cautelar al ordenar la “reinstalación inmediata” de un trabajador que había sido despedido de un kiosco Open 25. La cadena consideraba que no debía cumplir el decreto que prohibe despidos por tratarse del período de prueba. La justicia laboral dictaminó la nulidad y la inmediata reinstalación del trabajador.

Por el aislamiento, la justicia se encuentra prácticamente paralizada. En el caso de los temas laborales, funciona en algunos casos dado que se trata de urgencias. “Hasta ahora tuvimos una serie de fallos favorables por parte de la justicia, en donde se ha pronunciado a favor de los trabajadores, ordenando pago de salarios, reinstalaciones de despedidos, entrega de elementos de higiene y seguridad para personal de salud o respeto de licencia por hijos a cargo”, opinó Corti Bielsa. Sin embargo, anticipó: “Muchos de esos fallos favorables se dieron en momentos que había un juez de turno por semana. Hoy están volviendo a funcionar paulatinamente los 80 juzgados de primera instancia laborales, por lo que es probable que no haya un criterio uniforme pro-trabajador, y empezaremos a ver en idénticos reclamos, fallos de diferentes juzgados con distinta resolución del reclamo”.

Durante la cuarentena ingresaron en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 7.367 expedientes y se homologaron 89. Se iniciaron 252 procedimientos preventivos de crisis y 651 solicitudes del 223 bis. Por los abusos de ese artículo se dictó la resolución 397, por el cual el Estado valida y reglamenta el acuerdo entre la CGT y la UIA. En relación a estos abusos, hubo 395 trámites.