Por

Mariano Martín

La CGT resolvió seguir en silencio el desarrollo de la crisis en el Gobierno por la estafa cripto que involucra a Javier Milei. Como explicaron en la cúpula de la central obrera, la determinación implica que no acompañarán pedido alguno de juicio político contra el jefe de Estado y tampoco buscarán esmerilar la figura del asesor plenipotenciario Santiago Caputo, pese  a estar jaqueado por intervenir una entrevista presidencial, por entender que se trata de uno de los pocos interlocutores válidos con los que cuentan en la administración libertaria. 

El posicionamiento está atado al cimbronazo que representó en una parte sustantiva de la CGT la resolución que puso fin a la desregulación entre obras sociales sindicales y prepagas y que eliminó de un plumazo cientos de miles de afiliaciones de las prestadoras sindicales. Es que la "mesa chica" de la central, incluso en medio de la debacle oficialista por el criptogate, consiguió un compromiso gubernamental de morigerar los efectos de la resolución 1/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud con otra norma aclaratoria, en teoría de inminente publicación. La medida complementaria depende del ministro de Salud, Mario Lugones, un funcionario que actúa bajo el paraguas del asesor Caputo. 

La estrategia silente terminó de pulirse la semana pasada durante un nuevo encuentro que mantuvieron en la sede del gremio de estatales UPCN el triunviro Héctor Daer, el dueño de casa, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias y principal referente en la central del rubro seguridad social) y Cristian Jerónimo (personal de la industria del vidrio). Esa charla, previa al tuit promocional de la criptomoneda $Libra de Milei, giró en torno del compromiso del equipo de Lugones -que no decide sin consultar con Caputo- de suavizar la sangría de afiliados. 

Es que la resolución, tal como precisó El Destape, debía privar de afiliados a los denominados "sellos de goma", es decir las obras sociales sindicales que a partir de la desregulación de los '90s se asociaron a prepagas para ganar mercado cautivo en desmedro de las prestadoras de los sindicatos más populosos. Sin embargo, junto con la publicación se concretó el traspaso en masa y compulsivo al sector privado de asociados a obras sociales que habían optado por una modalidad de asociación diferente, que retenía para sí parte del esquema prestacional. El golpe llegó a gremios tradicionales y de influencia sobre el Consejo Directivo de CGT como el propio Obras Sanitarias, de José Luis Lingeri, la Asociación Bancaria o el de personal de la industria del gas. 

En el núcleo duro de la CGT dieron por hecho, más temprano que tarde, la publicación de una resolución aclaratoria de la SSS. Incluso a pesar de que el propio Caputo sólo cumplió a medias algunos compromisos que había asumido con los gremios más tradicionales. En un remedo de la dinámica "policía bueno-policía malo" el asesor todoterreno se presenta a sí mismo ante los dirigentes como valla de contención del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tal vez el mayor rival ideológico del sindicalismo en la administración libertaria. 

Así planteada la estrategia los sindicatos menores que se pusieron al servicio de prepagas (los denominados "sellos de goma" del sector) iniciaron esta semana a solas su propia estrategia jurídica contra la norma publicada. Capitaneados por el presidente del Colegio Público de Abogados, ex camarista del juicio a la juntas militares y exministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, el lunes se gatilló una batería de amparos en el fuero Civil y Comercial federal, adonde esas organizaciones esperan tener mejor acogida que en el Contencioso, que visualizan más permeable al oficialismo. 

En esa nómina figuran obras sociales de gremios en su origen menores como el de organismos de control (Ospoce), de Mandos Medios de las Telecomunicaciones (Osmmedt), de Capitanes de Ultramar (Oscomm), de Patrones de Cabotaje y de Entes de Aeronavegación Privada, entre otras. La base jurídica de esas presentaciones es la aparente violación al derecho privado de una resolución que interviene sobre un acuerdo de partes como es el que establecen una prestadora sindical con una empresa de medicina privada para complementar servicios. Incluso si la primera diese servicios marginales o sólo administrativos, como argumentan en el Gobierno, a cambio de una retención del 2 al 3% del aporte de cada asalariado. 

La salvaguarda de la CGT a Milei, en cambio, tiene una arista institucionalista y otra de política interna en el sistema del PJ. Por un lado los gremialistas hace años buscan sacudirse el mote de destituyentes que un sector de la sociedad les estampó tras la oleada de paros al gobierno de Raúl Alfonsín y que, de manera recurrente, vuelve cuando la organización le muestra los dientes a un presidente no peronista. El otro vértice, más pedestre, busca despegar de una estrategia de juicio político que la central sindical asocia de manera directa con Cristina Fernández, a quien buscan jubilar desde hace años en los sectores más tradicionales de la organización.