Un informe de la CTA afirma que las empresas nucleadas en la UIA y otras cámaras cuentan con recursos para financiar el bono establecido por el Gobierno.
Por SEBASTIÁN PREMICI
Las grandes corporaciones del país desplegaron todo su arsenal de lobby para cuestionar la implementación de un bono no remunerativo de 60.000 pesos que deberá pagarse en dos cuotas, según lo establecido por el Poder Ejecutivo. A través de las cámaras patronales que las representan, como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Sociedad Rural, entre otras, argumentaron que la medida fue inconsulta y de compleja implementación. Sin embargo, existen argumentos y datos para que sus empresas representadas paguen el bono sin chistar. Así se desprende de un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA – CTA), en el que se especificó que las grandes corporaciones de sectores concentrados incrementaron su rentabilidad en los últimos años, mientras que sus costos laborales descendieron cerca de un 30%.
El nivel de actividad inició una fase descendente en agosto de 2022, después de la recuperación económica en la post pandemia. “Entre ese mes y junio de 2023, se contabilizó un retroceso de 4,2% en la serie desestacionalizada, y el descenso acumulado de 2023 fue de 1,8%”, puede leerse en el último informe de coyuntura de CIFRA. Con estos datos bajo la mano, las grandes empresas patrocinadas por la UIA, la CAC y la SRA, entre otras, le hicieron llegar su descontento al ministro Massa por el bono para trabajadores y trabajadoras con salarios netos menores a los 400.000 pesos.
Sin embargo, en este contexto adverso, se siguen generando puestos de trabajo –entre formales y precarios-, al mismo tiempo en que el consumo privado de los sectores medios y altos muestran números positivos. La crisis de ingresos existe, de ahí el bono aplicado luego de la devaluación del peso del 22%. Pero no les pega a todos por igual. Lo mismo ocurre con las empresas, muchas de las cuales incrementaron sus rentabilidades a partir de una remarcación de precios especulativa y bajos salarios para sus empleados.
“Las ramas altamente concentradas aumentaron sus precios mayoristas un 15,1% por encima del IPC entre 2016 y el primer semestre de 2023, en tanto que las ramas en las que predominan los grupos económicos lo hicieron un 25,6% por encima de los precios minoristas. En ambos casos, esos aumentos contrastaron con la evolución de sus costos salariales que se redujeron 24,1% y 32,9%, respectivamente”, indicaron desde CIFRA.
Sin chistar
El centro de investigaciones de la CTA, coordinado por Eduardo Basualdo, arribó a dos conclusiones. Por un lado, las grandes empresas del país captaron una transferencia de recursos (ingresos generados por el trabajo y captado por el capital) de 101.400 millones de dólares al tipo de cambio oficial, entre 2017 y el primer trimestre de 2023. Si se tomara la cotización del blue, la transferencia estimada se ubicó en los 54.100 millones de dólares. Estos recursos podrían haberse destinado al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras vía mejores salarios acordados en paritarias, o con la implementación de una suma fija que se incorporase al sueldo básico.
El bono de 60.000 pesos por única vez, en dos cuotas y absorbible por las paritarias, debería llegar a 5,5 millones de trabajadores con salarios netos menores a 400.000 pesos. De este total, las micro y las pequeñas emplean a 1,3 y 1,2 millones de trabajadores; en este caso, el Estado asumirá el 100% del costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de las micro empresas y del 50% en el caso de las pequeñas. Por ende, el 33,7% del total de recursos orientados a los asalariados del sector privado serán financiados con recursos públicos.
Descontado el universo de las micro y pequeñas empresas, el resto de las organizaciones deberá afrontar aproximadamente 218.640 millones de pesos para el pago del bono por única vez. La segunda conclusión de CIFRA fue que dicho “costo” equivale al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital captadas entre 2017 y 2023. Es decir, tienen espalda y margen para pagar el bono sin chistar.
Ganancias rimbombantes
Los balances de algunas de las principales empresas que se nuclean en la UIA o la Copal, presididas ambas por Daniel Funes de Rioja, resultan más que elocuentes.
En el caso de Ternium (ex Siderar del Grupo Techint), su nivel de rentabilidad fue de 41,2% en 2021, seguida por un 16,6% (2022), mientras que para el primer trimestre de este año se incrementó un 30,3%, cuando en el período 2015-2020 había promediado el 12,8%.
“También el caso de Aeropuertos Argentina 2000 del Grupo Eurnekian, con utilidades netas que representaron el 36,3% y el 28,3% de su facturación en 2022 y el primer semestre de 2023 que superan el promedio del período 2015-2020 (13,7%)”, añadió el trabajo de CIFRA.
En el caso de las alimenticias y exportadoras agropecuarias, como Arcor y Molinos Río de la Plata, obtuvieron un margen de ganancia en torno al 10-15% durante el año pasado, similar al registrado en lo que va del año.
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