El sindicalismo obtuvo un inesperado aliado en su cruzada para intentar que el Gobierno revise algunas medidas económicas vinculadas al mercado interno. Las principales cámaras que reúnen a las pequeñas y medianas empresas de todo el país respaldaron la protesta que encabezará la CGT el martes próximo. Además, los empresarios no ocultaron sus coincidencias con los gremios sobre el diagnóstico de la economía y el impacto negativo de la política oficial de abrir las importaciones.

En su raid de encuentros en tren de reforzar la movilización al Ministerio de la Producción, la CGT anudó ayer el respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que agrupa a unas 520.000 pymes. La central ya había conseguido el aval de la Confederación General Empresaria (Cgera), un brazo empresario que supo estar ligado al kirchnerismo por su cercanía con Guillermo Moreno.

"La CAME comparte la mayoría de los puntos de la convocatoria de la CGT. El mercado interno, que es el 78% de la economía nacional, es fundamental. Venimos señalando las suspensiones, despidos y el cierre de 6300 comercios desde el año pasado. Esa tendencia no se ha revertido. No hay reactivación de las ventas y sigue la caída del sector industrial. La situación del mercado laboral es preocupante", dijo Osvaldo Cornide, presidente de la CAME, tras reunirse con el triunvirato de mando de la central obrera.

Cornide argumentó su postura con estadísticas. Dijo que el equipo de asesores de la CAME pronostica una inflación de entre 23 y 24%, entre seis y siete puntos por encima de lo que prevé el Gobierno. Precisó además caídas en el sector comercial e industrial, y aseguró que las economías regionales no se reactivaron, incluso el mercado de los arándanos, cuyo presunto repunte fue destacado por Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa. "El tipo de cambio está retrasado. Ni la producción de arándanos que puntualizó el Presidente es aún rentable", refutó Cornide. Y agregó: "La Unión Industrial decidió no hablar, pero hablé con [Luis] Pagani y [Aldo] Roggio, y me dicen que no ven una situación muy estimulante en los próximos meses".

El posicionamiento de la CAME tiene paradojas: Cornide jugó electoralmente en 2015 con el kirchnerista Daniel Scioli, pero en su consejo directivo convive una mayoría de macristas y massistas. Los empresarios se esforzaron ayer en bajarle el perfil político a su encuentro con los sindicalistas.

Las grandes entidades empresarias, como la UIA, intentan mantenerse al margen de la protesta. Sin embargo, dirigentes de peso de la entidad fabril comenzaron a agudizar sus críticas a la gestión macrista. En línea con la CGT, el blanco de los cuestionamientos es el Ministerio de la Producción, que encabeza Francisco Cabrera. La queja más frecuente es la poca capacidad resolutiva de los problemas más urgentes. "Te piden despedir gente para generar competitividad", dijo en reserva un jerárquico de una empresa con inversiones en Buenos Aires y en Tierra del Fuego.

Nada es casualidad: el epicentro de la protesta del martes será en Diagonal Sur y avenida Belgrano, cerca de la Secretaría de Comercio Interior, donde funciona el Ministerio de la Producción. "El ministerio de [Francisco] Cabrera es el sector en donde más despidos hubo. Por eso la movilización es ahí", argumentaron fuentes gremiales que participan de la organización de la marcha. Un sindicalista que no comulga con el liderazgo del triunvirato dio otra visión: "Marchamos a Producción porque no se animaron a convocar a la Plaza de Mayo".

En la CGT celebraron el respaldo de los empresarios y lo tomaron como una acción en defensa propia. "Son sectores que están siendo agredidos como nosotros por la política económica de este gobierno", interpretó Juan Carlos Schmid, uno de los referentes de la central. Omar Plaini, en tanto, ofició de vocero de la central para cruzar al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que relativizó las razones de la manifestación.

La movilización del martes contará con la adhesión de las dos vertientes de la CTA y de los movimientos sociales. Los jefes ceteístas Pablo Micheli y Hugo Yasky irán hoy a la CGT para definir detalles de la organización.

Desde el escenario se leerá un documento que exige al oficialismo urgentes correcciones al modelo económico. Uno de los párrafos más duros señala: "El efecto negativo del empleo se percibe en la calle y lo corroboramos con los números oficiales". No se descarta, además, que la CGT defina la fecha de un eventual paro nacional. Sería el primero contra el macrismo.

Cerró otra paritaria por encima del 20%

El pedido del presidente Mauricio Macri para que los acuerdos salariales cierren "por debajo del 20%" no tiene por ahora eco en las primeras negociaciones paritarias del año. La Unión Informática (UI), un gremio surgido de la industria del software, acordó ayer un aumento del 25%, a pagarse en dos tramos: 15% a partir de este mes y 10% en septiembre. La suba beneficiaría a unos 5000 trabajadores y serviría como referencia para las empresas multinacionales del sector.

Con el acuerdo de la UI, ya suman tres los sindicatos que cerraron paritarias por encima de las metas inflacionarias (entre 12 y 17%) que proyectó el Gobierno en la ley de presupuesto. Pero, sin dudas, el caso que más repercusión tuvo fue el de la Asociación Bancaria, que logró una suba de 24,2% y cuya paritaria tuvo una escala en la justicia laboral. La pulseada, de hecho, sigue abierta: el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, pidió el juicio político de los dos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenaron al organismo reglamentar el trato al que habían llegado el gremio y las cámaras empresarias del sector.

El acuerdo salarial de los informáticos, que abarca sólo a las empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires, sería homologado en los próximos días por la Subsecretaría de Trabajo porteño, que encabeza Ezequiel Jarvis.

"Consideramos un acuerdo satisfactorio de acuerdo a las metas inflacionarias. Lo más importante es que marcará la línea de flotación de la industria", dijo Pablo Dorin, el jefe de los informáticos, un sindicato que se alineó hace años con Hugo Moyano para intentar avanzar en la representación de los trabajadores de las multinacionales que dominan la industria del software.