La realidad es que el gremio atraviesa  su peor momento ante un proceso de normalización por disposición de la justicia laboral. Así lo estableció la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de su Sala IV que integran los jueces Héctor Guisado y Manuel Pablo Diez.

El fallo le ordenó a la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, “la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción” del SUPA y ordenó al ministerio de Producción y Trabajo designar un funcionario interventor encargado de “ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades” existentes por el plazo de 180 días corridos.

El requerimiento de la Sala IV responde a lo dispuesto por el Juzgado Federal de Campana, a cargo de la causa que investiga y tiene preso a Herme Juárez por el delito de administración fraudulenta.

Entre los desmanejos comprobados por la investigación que impulsaron la medida “se encuentra acreditado con grado de probabilidad” que Herme Juárez y Oscar Juárez, con la participación de Luis Bunello, miembro del sindicato y de Ramón Jerez, abogado del sindicato, llevaron a cabo en la esfera propia de sus incumbencias múltiples conductas extorsivas “…valiéndose del componente gremial para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de la estructura”.

El SUPA bajo la lupa judicial

“Los nombrados se habrían servido de la estructura del sindicato con fines espurios, pudiendo destacar que el Sr. Herme Oscar Orlando Juárez se valió del poder que ostentaba colocando a distintos dirigentes y miembros del sindicato en cargos dentro de la cooperativa y viceversa, así como también en los órganos de dirección, administración y/o control de los mismos, a los efectos de evitar un control eficaz y preciso sobre las maniobras defraudatorias”, indicaron desde los tribunales laborales.

La justicia presentó a los involucrados como “coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal“. Además, los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos fueron materializados sirviéndose del sindicato con fines espurios, por ello instó la intervención de la autoridad administrativa.

“El único objetivo perseguido por la intervención es el de transparentar la organización, sistematizar la información judicial requerida y cumplir con los requerimientos administrativos dispuestos, en el plazo más breve posible”, adelantó Marcelo Esteban Urban,  Interventor designado para el SUPA

El SUPA rechaza la intervención

Por su parte, el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) llevó adelante esta mañana una conferencia de prensa para rechazar la intervención del gremio ya que, según describieron los referentes presentes, las medidas judiciales son en el ámbito de la Cooperativa de Trabajo Porturario «y nunca en el sindicato portuario», consignó el portal Conclusion.

“Entendemos que este tipo de medidas lo único que persigue es atacar los derechos de los trabajadores; cercenar las entidades que están creadas para defenderlos”, comentó el secretario general del Supa de Puerto San Martín, Juan Roja.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Estibadores Portuarios, Marcelo Osores, también habló con Conclusión y defendió la inocencia de Herme Juarez. No obstante la justicia avanza con un proceso de 180 días de intervención, lo cual el ministerio dé Producción y Trabajo acató, como corresponde. Habrá que ver depara los próximos días el cumplimiento judicial o si los sindicalistas que le responden a Juárez, obstaculizan el accionar legal del funcionario Marcelo Urban.