Además de la información del Ministerio de Trabajo, según estimaciones de la Unión de ART, están bajo cobertura 10.012.879 trabajadores y 1.030.287 empleadores, «fruto del crecimiento del empleo privado».

«Este número que se alcanza por primera vez, nos enorgullece y alienta a seguir trabajando en el crecimiento y perfeccionamiento constante, en un camino de permanente adecuación a los cambios y desafíos que impone el mundo del trabajo», dijo Mara Bettiol, titular de la UART.

Desde agosto del 2020, cuando durante la pandemia la cobertura alcanzó sus menores valores, se observa una recomposición del empleo del sector privado, que fue acompañada en menor medida por el sector público, indicó.

Según datos de la cartera laboral, el empleo privado tuvo un aumento del 6,2%, lo que representa 350.000 nuevos puestos generados en mayor medida por los sectores de industria, construcción y comercio.

En tanto, el empleo público creció 3,3%, lo que se traduce en 100.000 nuevos trabajadores para ese sector.

En los últimos meses se observa una caída del aumento del empleo público frente al empleo privado, que crece lenta pero sostenidamente.

Otro de los puntos clave de la performance del sistema es la prevención de los accidentes de trabajo.

«Si el año pasado las vidas salvadas alcanzaban las 14.300, tan sólo un año después el techo se sigue elevando y son ya 15.400 las muertes evitadas, con una caída de más del 78% respecto de 1997 de siniestros fatales», destacó.

La cobertura ante un accidente es inmediata e integral, sin ningún tipo de copago, y hasta la recuperación total o máxima posible.

De haber secuelas, hay prestaciones dinerarias indemnizatorias del daño, tabuladas por un Baremo que integra la Ley.

Las mismas han tenido incrementos entre 2012 y 2022, sobre la base de actualización automática por RIPTE.

Según datos de la Superintendencia de Trabajo, 27% de los trabajadores cubiertos se desempeñaban en la Administración Pública / Defensa / Seguridad Social Obligatoria; 12,5% en Comercio; 12,4% en Industria; 7,4% en Enseñanza; 5,3% en Transporte; 5,1% en Actividades Administrativas y 30%, el resto, en otras actividades.