Donato Cirone, referente del Sindicato de Choferes de taxis, afirmó: «Hay un grado de complicidad y que el Intendente les bajó línea a todos, hasta el responsable del área de Transporte» y agregó: “Los choferes que trabajan bajo estas apps de transporte lo hacen como si estuvieran habilitados».

«Están infringiendo la ordenanza y es cómplice el poder político porque lo permite. Algún juez debería investigar la actitud del intendente de no hacer cumplir las ordenanzas porque es muy llamativo el grado de complicidad. Al no estar controlándolos, los están defendiendo», evaluó en diálogo con el portal bonaerense Cronos.

Y añadió: «No es descabellado pensar que la campaña política de este año se la están pagando estas aplicaciones al poder político de turno”.

Por su parte, Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, dijo este jueves en conferencia de prensa que harán «un paro el próximo martes a partir de las 9 y nos congregaremos en la avenida Colón y calle Güemes para luego desplazarnos hacia donde creamos conveniente».

«El paro es por tiempo indeterminado y hasta que obtengamos una respuesta afirmativa a nuestro pedido por parte del intendente Montenegro», aseveró.

La medida fue tomada de manera conjunta por los referentes de las distintas entidades, sindicatos y empresas de taxis y remises: Supetax, Simpetax, Su Taxi, Taxicoop, Taxi Puerto, Servitaxi, MDQ Taxi, Malvinas Taxi, Paso Cars y Remicoop.

Sánchez manifestó que «acá no falta ninguna entidad» y puntualizó que «los sindicatos, todas las entidades de los taxistas, de los remiseros, hemos hecho un petitorio fundamental de cuatro puntos y no renunciaremos a ninguno».

En ese sentido, explicó que se reclama a Montenegro que asuma «el compromiso político» de «taponar» el proyecto de ordenanza para regular las plataformas digitales de transporte, impulsado por la concejala del interbloque oficialista Angélica González (Coalición Cívica).

También se pide que vuelvan los controles y fiscalizaciones a todo el transporte ilegal «de manera certera».

Asimismo, se pide que la municipalidad dé a conocer las multas y sanciones que se labran por el incumplimiento de la ordenanza 23.928, que prohíbe el servicio de transporte con vehículos sin habilitación municipal, ya que, dijo, «tenemos la sospecha de que las multas quedan sin efecto».

Y como cuarto punto, aseveró, «pedimos que se retire toda la cartelería de Cabify y Uber como publicidad ya que no están permitidas en General Pueyrredón».