Los trabajadores del servicio de recolección de residuos de la ciudad están ansiosos por cobrar la tercera y última cuota correspondiente a las indemnizaciones por el cambio de contrato que se produjo en el 2017.
Los recolectores de residuos de la ciudad están esperando la liquidación de la última cuota correspondiente a las indemnizaciones convenidas entre la empresa Cotreco, el gremio y la gestión de Juan Jure, la que se debería haber realizado en febrero pero que se formalizaría en los próximos días. Parece que con la investigación judicial que tienen en el sindicato, con los súper jefes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone más una docena de compañeros del gremio presos y el nuevo interventor Alberto Simón sacando cuentas, no se ha logrado firmar la nueva acta que refrende el convenio ante el Ministerio de Trabajo.
Se trata de muchos millones de pesos ya que el monto pautado no ha sido congelado sino que para definirlo se tendrán en cuenta los últimos aumentos salariales registrados en el sueldo de los trabajadores.
Como se recordará en el 2017 se firmó un acuerdo entre funcionarios del ministro de Trabajo y de la cartera laboral; en representación del Municipio, el fiscal municipal Julián Oberti; por el SURRBAC, el secretario General, Julio Mauricio Saillén; y por el sector empresario, el apoderado David Druetta de la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. (Cotreco).
En ese acuerdo el pago se iba a realizar en tres cuotas. La primera fue cancelada por el municipio en octubre del 2017 por un monto total de 45 millones de pesos que fueron depositados en tiempo y forma proporcional a cada trabajador mediante transferencia bancaria a las cuentas sueldos de los trabajadores.
La segunda y la tercera cuota debían ser abonadas por la empresa Cotreco. Esa segunda cuota que se debía pagar en octubre de 2018, se trasladó para febrero de 2019 y, por ende, teniendo en cuenta el nuevo plazo, el compromiso asumido por los empresarios y aceptado por el gremio fue postergado para febrero de este año.
En el Surrbac Córdoba Mauricio Saillén y y Pascual Catrambone, máximos líderes del Surrbac, fueron detenidos el 27 de agosto de 2019 en sus respectivas viviendas luego de una serie de allanamientos. Ambos investigados por lavado de activos e intermediación financiera en el sindicato de recolección de residuos.
A pesar de solicitar la excarcelación los lideres continúan detenidos por disposición del juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien rechazó en dos oportunidades el pedido de excarcelación de la defensa de Saillén y Catrambone, el magistrado indicó que entre las causas por las que el imputado Mauricio Saillén continúa en prisión se debe a la violenta situación que vivieron las autoridades policiales al momento de su detención pero, además, hizo hincapié en su personalidad que se caracteriza por no acatar las normas.
El 19 de febrero se dispuso la intervención de Surrbac lo que motivó un nuevo pico de tensión entre los trabajadores, quienes a las pocas horas de lo sucedido se declararon en estado de alerte. El interventor es Alberto Simón a quien se lo facultó “a ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades existentes, determinadas por la autoridad judicial. En ejercicio de dichas facultades deberá presentar un informe detallado del estado económico financiero en que se encuentra la entidad, como así también rendición detallada de su gestión en el cargo, en el término de 45 días desde la notificación”.
La investigación de la justicia sobre cómo usaron los directivos de Surrbac el dinero de sus afiliados para construir una enorme fortuna personal y cómo los dineros habrían llegado también a funcionarios cordobeses, también tuvo sus repercusiones en Río Cuarto que miran con preocupación lo que sucede con sus líderes gremiales.
Una de esas consecuencias es la demora en la firma de la nueva acta que se debe realizar para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones entre las autoridades gremiales, hoy detenidas, el Ministerio de Trabajo y los empresarios. Tanto es así que varios trabajadores de la empresa –que por miedo no quieren ser identificados- se comunicaron con este medio para trasladar sus temores por la demora en el pago.
Fuentes cercanas al municipio manifestaron que hace unas semanas uno de los hermanos Saillén se comunicaron con el secretario de Servicios Públicos, Mariano Mancinelli, para saber cómo estaba pagando la Municipalidad . La respuesta fue contundente: estamos completamente al día, así que si la empresa no paga no es por cuentas pendientes con Río Cuarto.
Consultadas fuentes cercanas a Cotreco señalaron que el pago está garantizado y que se haría en los próximos días, y que los trabajadores nada deben temer porque una vez firmada el acta el dinero se depositará a cada trabajador con el control del ministerio.
Falta definir cuándo y quién será el que firme el acta acuerdo, atento a los que los que solían firmarla están presos y ahora lo debería hacer el interventor.
Pero los problemas de los Saillén no terminan aquí. El sindicalista Hugo Moyano, enemigo íntimo de la actual conducción, estaría aprovechando el mal momento que están viviendo los gremialistas cordobeses para presentar una lista propia y disputarle el sindicato a los hoy enrejados. Y cuando se habla de disputar la conducción del gremio en Córdoba, esa disputa no sólo se basa en realizar campaña entre los afiliados sino también hasta la posibilidad de actos violentos como ya se sucedieron y que “obligaría” a los dirigentes a circular armados por las calles de la ciudad y de las rutas argentinas.
En Río Cuarto y en plena campaña electoral, el tema recolección de residuos y su costo vuelve a estar en la agenda de los candidatos. “Ya estamos acostumbrados –dijeron desde la empresa- pero en la ciudad el servicio se está prestando bien y es mucho más barato ya que si se calcula lo que se está pagando en Córdoba por camión y por empleado. Estamos hablando de un 20 por ciento menos y un 35 por ciento de lo que se abona en Buenos Aires”.
En ese marco, el secretario general del gremio en la ciudad, Jorge Coco Mercado, sigue manteniendo todo el poder pero sin hacer las ostentaciones que solía caracterizarlo.
Cabe recordar que Mercado apeló la condena de tres años y medio de prisión que se le dictó el año pasado por ser encontrado culpable del delito de “homicidio culposo y lesiones culposas agravadas” en el que perdiera la vida Pedro Fredes, un vecino puntano de 60 años, y dejara seriamente heridas a otras dos personas. El accidente de tránsito se produjo en 2011 y fue protagonizado mientras Coco Mercado venía en zigzag conduciendo una camioneta de alta gama y chocó de frente contra un utilitario en cercanías de Holmberg. También fue condenado por la jueza civil Rita Freire de Barbero a pagar una indemnización de 1.350.000 pesos a uno de los sobrevivientes de la tragedia.
A pesar de la condena Mercado continúa en libertad y manejando el sindicato. Pero no sólo maneja el gremio sino que a pesar de que la jueza Virginia Emma en su sentencia condenatoria también lo inhabilitó para manejar cualquier tipo de vehículos por seis años, vecinos de la ciudad no se extrañan cuando lo ven al Coco conduciendo. En ese marco, se está aguardando el resultado de su apelación que descansa en la justicia cordobesa.
Pero Río Cuarto pasa algo más en donde también debería ponerse el ojo. Los afiliados de Surrbac tienen miedo de denunciar algunas situaciones que –como mínimo- aparecen como sospechosas. Escudados en el anonimato denuncian que están cansados de que el gremio se quede con plata de los trabajadores. Ellos también cayeron en la metodología utilizada por su mutual, y que hoy es investigada, de recibir préstamos con intereses usuarios y que son cobrados por las buenas y no tan buenas.
También aseguran que el gremio se quedaría con algo de lo que los trabajadores cobran por las indemnizaciones. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente legal esto sería imposible, ya que el dinero es depositado por la empresa directamente a los trabajadores. Consultadas autoridades de Cotreco, manifestaron que desconocían si eso pasaba y que la única posibilidad que existe para que ello ocurra es que, una vez que el trabajador haya cobrado la indemnización, ellos resignaran parte del beneficio a favor del gremio.
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