Paritarias aprobadas bajo condiciones estrictas

Camioneros, liderado por Hugo Moyano, acuerda un aumento del 5,5% para el período diciembre-febrero, dividido en tres tramos (2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero). Moyano destaca su “gesto de buena voluntad” hacia la política oficial, aunque señala que el gremio evalúa los casos de empresas que no puedan afrontar el bono de $600.000 pactado. Además, asegura un aporte de $16.000 por trabajador para la obra social, una medida que busca paliar el déficit del sistema de salud sindical.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Edificios (FATERyH), dirigida por Víctor Santa María, cierra un aumento del 3,3% en dos tramos, destacando que se busca “recuperar el salario en un complejo momento del país, acompañando la baja inflacionaria y la estabilidad de los ingresos”.

Convenios sin homologación: la traba oficial

Sindicatos como el de Sanidad (FATSA), liderado por Héctor Daer, enfrentan problemas para validar acuerdos ya firmados. FATSA acuerda un 11,4% para el período octubre-diciembre, pero la Secretaría de Trabajo se niega a homologarlo. “Estamos viendo si se puede reformular”, admite una fuente oficial, aunque Daer insiste en que “no aceptará modificaciones para adaptarse a un esquema salarial que no refleja la realidad de los trabajadores”.

Situación similar atraviesa la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). Su acuerdo del 16% en tres tramos es rechazado por superar los límites del 1% mensual. Luis Barrionuevo, líder del gremio, critica la postura gubernamental y advierte que “no hay voluntad de reconocer el esfuerzo de los trabajadores del sector más golpeado por la pandemia”.

La UOM al frente de la resistencia

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Abel Furlán, enfrenta la paritaria más compleja del inicio de 2025. Trabajo frena un acuerdo que contempla un aumento del 18,71% y un bono de $300.000. Rubén Urbano, secretario de prensa de la UOM, denuncia que el Gobierno “no permite la libre discusión salarial” y acusa a la Secretaría de Trabajo de “levantar la bandera de una falsa libertad”.

Furlán es aún más contundente: “Estamos viviendo un claro proceso de desindustrialización. Uno de cada cinco puestos de trabajo perdidos en 2024 es metalúrgico”. El gremio mantiene audiencias con los empresarios para discutir aumentos, en medio de crecientes tensiones.

El desafío de otros gremios

Sindicatos como la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) también se preparan para enfrentar las restricciones impuestas. Héctor Morcillo, titular de FTIA, advierte que “las expectativas de los trabajadores no pueden quedar supeditadas a un tope que no responde a la realidad inflacionaria”.

La política salarial del Gobierno instala un clima de incertidumbre en las mesas de negociación, dejando en evidencia un conflicto de fondo entre la necesidad de recomponer ingresos y el ajuste fiscal promovido por la administración actual. La homologación o no de las paritarias en curso marca el pulso de un año donde las tensiones laborales prometen ser protagonistas.