A pesar de las acciones y medidas de fuerza que han tomado durante este tiempo, las autoridades de la empresa no han presentado ninguna propuesta concreta, mientras impulsan planes de retiros voluntarios que debilitan aún más al sector.

"Estamos viviendo un verdadero atropello a la libertad paritaria y sindical", denunciaron los trabajadores, quienes señalaron que la situación se judicializó, llevando el conflicto a una instancia de conciliación que, tras cuatro audiencias, no ha arrojado resultados. Según relatan, la empresa se ha presentado sin propuestas, lo que agrava el malestar entre los más de 600 empleados afectados.

El problema central radica en la deuda salarial que ARSAT mantiene con sus empleados. Desde el último trimestre de 2023, los trabajadores no han recibido la recomposición salarial correspondiente, lo que ha generado un atraso acumulado del 170% respecto al sector. "Más de 600 familias están cobrando menos de la mitad de lo que nos correspondería", afirmaron desde el gremio de telecomunicaciones FOETRA. El conflicto se profundiza porque el Gobierno solo ofrece los aumentos establecidos para los sindicatos estatales, cifras mucho más bajas que las acordadas con FOETRA.

Esta problemática fue elevada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL), que denunció la violación de los convenios internacionales que protegen la negociación colectiva libre. La OIT ha solicitado al Gobierno nacional una respuesta oficial sobre esta violación.

A pesar de las reiteradas movilizaciones –entre ellas, concentraciones en la Secretaría de Trabajo, paros y marchas a la Jefatura de Gabinete y Plaza de Mayo, y el banderazo en la planta de Benavidez–, el conflicto sigue sin resolverse. "ARSAT es una empresa superavitaria y tiene el dinero para pagar la actualización salarial. Ni siquiera depende del presupuesto del Tesoro Nacional para hacerlo", señalaron los trabajadores, quienes exigen una solución urgente para recuperar el poder adquisitivo perdido.

El conflicto no solo afecta a los salarios, sino que también pone en riesgo el futuro de la empresa, ante la pérdida constante de capital humano por los retiros voluntarios. Mientras tanto, las más de 600 familias continúan esperando respuestas concretas.