El Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) envió una nota a su cúpula a nivel nacional para que estos intercedan ante las máximas autoridades de la obra social de los jubilados y pensionados y soliciten intervenir la delegación salteña debido a los inconvenientes “de público conocimiento” que atraviesa su directora, Verónica Molina, y otras situaciones de desmanejo y falta de prestaciones que vienen denunciando y que “afectan la institución”.

A las denuncias por parte de ese gremio, que integra las filas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), contra la gestión de Molina, se sumó la imputación que recibió la integrante de La Cámpora la semana pasada por parte del fiscal federal Ricardo Toranzos, por mal desempeño de sus funciones, concusión y malversación de fondos debido a que supuestamente exigía, junto a Marcos Vera, ex titular de ANSeS Salta, a personal del Pami que había ingresado bajo su gestión, una devolución del 20% de sus sueldos para actividades de militancia.

El fiscal también les atribuye haber entregado electrodomésticos donados por la Aduana en plena campaña y en favor de candidatos a concejales por la ciudad de Salta.

“Nosotros lo que estamos pidiendo desde la comisión nacional a Pami central, es que se intervenga ante la situación que está atravesando Salta, con una directora ejecutiva que tiene una acusación sobre un delito vinculado al ejercicio de su función”, dijo a Salta/12 el secretario general de Sutepa en Salta, Matías Scalabrini, quien aclaró que ellos no realizan ningún juicio de valor con respecto a la investigación que debe realizar la Justicia, pero que consideran que Molina no puede continuar manejando las riendas de la delegación local “hasta tanto no se esclarezca su situación”, debido a que genera un perjuicio para la institución.

“Ella está trabajando todos los días como si no pasara nada, y nosotros entendemos el principio de inocencia, pero sigue manchando la imagen de la institución y debería dar un paso al costado hasta que la Justicia termine de investigar”, agregó.

Scalabrini sumó a esta imputación otras denuncias que vienen realizando desde el gremio “y que no mejoraron” con respecto al deterioro de las prestaciones y la estructura interna en términos de carrera administrativa, así como el uso indiscriminado de algunos bienes de ese instituto, como los móviles. Aunque también aclaró aquí que esas falencias no son patrimonio exclusivo de Molina, ya que lo venían denunciando de las gestiones anteriores con Gladys “Pichona Moisés y Nicolás Sivila, ambos durante la presidencia de Mauricio Macri.

A su entender, la delegación Salta es la que peor está funcionando a nivel país, ya que se quedó sin especialidades como las de traumatólogos, reumatólogos y flebólogos “por no hacer convenios con los médicos y avanzar con uno con el Sanatorio Parque que ya denunciamos porque no realiza las prestaciones”.

En cuanto al cobro de un porcentaje de los sueldos a empleados que entraron durante esta gestión, el sindicalista contó que no recibieron quejas al menos desde sus afiliados al respecto, ya que todas serían personas designadas políticamente por ella, “ninguno es afiliado a nuestro gremio”.

Para Scalabrini, Buenos Aires debería intervenir el organismo a nivel local, y para elegir a un interventor, lo mejor sería respetando la carrera administrativa “y que se busque dentro de los trabajadores del Instituto a la persona más idónea para reemplazar en función a la directora ejecutiva”.

Por último, indicó que esperarán unos días la respuesta de las autoridades nacionales, “si no, seguiremos tomando las medidas necesarias para que esto se solucione”. “Esto sigue desprestigiando la imagen del Pami y perjudicando a la institución”, manifestó. Y aseguró que no lo hacen por enemistad política con la agrupación en la que milita Molina, “nada más alejado de eso, durante el macrismo se nos acusaba de kirchneristas, y la realidad es que nosotros tenemos un solo hilo conductor, que es defender las prestaciones, a los afiliados y a los trabajadores, y no nos involucramos en ninguna cuestión política que no sea la del gremio y la de la CTA”.