El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires y zonas adyacentes atraviesa una peculiar situación de cara a su organización institucional, ya que en febrero la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones resolvió que habían sido nulas las elecciones del 2017, con lo cual la Justicia sostiene que a la fecha, el SPIQyP se encuentra en estado de acefalia.

A partir de la sentencia definitiva, respaldada a lo largo de 43 fojas del expediente 18980/2018 y firmada por los jueces de cámara Luis A. Raffaghelli y Carlos Pose, quedará en manos de la organización sindical llamar a elecciones, aunque esto será potestad del delegado normalizar que designe el Ministerio de Trabajo, ya que esto ya fuera solicitado oportunamente por quien fue secretario general del gremio, Rubén Salas, en un escrito presentado directamente al titular del órgano de aplicación, Claudio Moroni, el pasado 30 de marzo.

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Hasta el momento, la Justicia ni el M. de Trabajo han procedido a anular el funcionamiento institucional, hecho que debería haberse producido al momento de anular la legalidad del proceso eleccionario. En efecto, con el hecho de prevenir cualquier irregularidad financiera, lo que primero se debería haber hecho es la inhabilitación de las cuentas bancarias, hecho que no se produjo y se teme por el destino de esos fondos.

Otro punto a resolver será lo actuado por la conducción (hoy rectificada) de Facundo Aveiro, durante el plazo que gobernó el sindicato. Según pudo saber Sonido Gremial, ya existen dirigentes que realizarían acciones penales contra miembros de la hoy ex comisión directiva y además, esta en carpeta el pedido de una auditoria en el gremio y la obra social para deducir lo accionado por Aveiro.