Por: Kitty Vaquero.

Leche derramada de a miles de litros. Bloqueos intempestivos a fábricas lácteas para impedir el ingreso de trabajadores y proveedores. Aprietes a tamberos para que no entreguen materia prima.

Ese tipo de situaciones han sucedido en distintas partes del país y tienen un denominador común: se acusa por la responsabilidad de todos esos casos a un sindicato, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), que es conducido con mano férrea por Héctor Ponce, de estrecha relación con el kirchnerismo.

Cuatro empresas lácteas han sido jaqueadas, desde 2021, en base a reclamos gremiales sobre deudas salariales y re encuadramientos sindicales, entre otros, en algunos casos fundamentados, pero siempre criticados por efectivizarse con medidas de fuerza extremas.

SanCor, un gigante jaqueado

El caso más trascendente es SanCor, la gran cooperativa láctea argentina con sede nacional en Sunchales, Santa Fe, que en octubre tuvo que descartar 100 mil litros de leche que ya no estaban en buen estado, luego de asambleas obreras que paralizaron las actividades durante varios días. Además cerraron una de sus cinco plantas afectadas, la de San Guillermo. Los directivos aseguran que en los últimos 65 días perdieron $4.500 millones.

El 22 de diciembre, el ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria entre las partes y SanCor continuó con el cronograma establecido para el pago de salarios actuales y adeudados. El lunes 15 de enero finalizó la conciliación obligatoria, pero al no haber acuerdo, las autoridades del ministerio decidieron extenderla y fijaron una nueva audiencia para este martes 23.

Frente de la planta de SanCor en Córdoba

El gremio protesta formalmente por sueldos adeudados por los cuales se está efectivizando la regularización de deuda con un esquema preestablecido, pero detrás de escena hay otra disconformidad. El sindicato apostaba a que un fideicomiso, al que apoyaba, se quedara con la cooperativa láctea. Pero tras un par de años de intentos, organismos estatales lo rechazaron por inconsistencias técnicas y económicas.

Lácteos Vidal, un año y medio en conflicto

También tuvo repercusión mediática el bloqueo en Lácteos Vidal, en Moctezuma, partido de Carlos Casares, en el noroeste bonaerense. El conflicto judicial, iniciado el 18 de julio de 2022, surgió por un reclamo de categorizaciones. “La empresa fue totalmente bloqueada. Nos encontró con los silos colmados de leche pero a minutos de que comience a pudrirse logramos bajarla y no perderla. A partir de ahí pudimos resistir”, recordó Mariana Heim, abogada de la firma.

Luego de varias semanas de bloqueo, hubo una conciliación obligatoria. Tiempo después, Lácteos Vidal decidió despedir a los 26 trabajadores involucrados en el pedido de encuadramiento sindical pero la Justicia ordenó la reincorporación. Finalmente, 18 llegaron a un acuerdo de retiro con la patronal y fueron reemplazados por nuevos empleados.

Hoy la empresa está operativa, pero la causa judicial sigue como un factor de conflicto y riesgo.

Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal.

La Lácteo, en crisis desde el 6 de enero

La tercera ubicación de este mapeo se marca en otra provincia; precisamente en Villa del Rosario y en Ferreyra, en la periferia de la ciudad de Córdoba. Allí, La Lácteo atraviesa una crisis en sus dos plantas, por un paro que comenzó el 6 de enero. Pese a los intentos de conciliación, no hubo acuerdo, y la consecuencia más dramática fue el descarte de 70.000 litros de leche.

El 5 de enero, cuarto día hábil del mes, Atilra decidió ir al paro en reclamo de que la empresa no pagó la totalidad de los salarios de sus “129 empleados, cuyo promedio supera los $1.250.000”, según afirmaron. La patronal prometió completar los haberes durante los tres días hábiles posteriores, pero el gremio paralizó todas las tareas.

La pyme cordobesa se presentó en concurso preventivo de acreedores en noviembre de 2018 y desde entones arrastra “dificultades como limitaciones de acceso a créditos y restricciones financieras, no obstante al 5 de enero tenía al día las remuneraciones de todo el personal y operaba con normalidad”, dijo Martín Filippi, vicepresidente de La Lácteo, ante Clarín.

El y su padre, Raúl, el presidente de la empresa, se reunieron con la cúpula sindical, los delegados de las dos plantas y la comisión directiva de la seccional Córdoba de Atilra. Advirtieron que la imposibilidad de trabajar “llevaría a la empresa al colapso". El gremio respondió que no iban a retomar las tareas ni el diálogo hasta que no se haya pagado la totalidad de los sueldos.

El martes 16 volvieron a reunirse pero tampoco hubo acuerdo y La Lácteo continúa sin funcionamiento. “La desazón se apoderó de nosotros, es difícil de explicar lo que uno siente, es triste”, testimonió Filippi. Y evaluó: “Esta parálisis nos va desangrando lentamente... No solo va a ser imposible el cumplimiento de los haberes, sino que va a ser imposible la continuidad".

Lácteos Mayol, en achique agónico

Más cerca de la capital del país, en Gobernador Udaondo (Cañuelas), otra cuenca lechera, Lácteos Mayol fue bloqueada repentinamente el 1° de marzo de 2021. Tras seis días de paralización de tareas, perdió 45.000 litros de leche. Desde entonces, la pyme familiar está en crisis: los 18 puestos de trabajo se redujeron a seis y los litros de procesamiento diario bajaron de 20.000 a 3.500.

Paulina Mayol, bisnieta del fundador, piensa en bajar las persianas; solo la detiene el peso de ser la encargada de ponerle fin a un legado familiar de casi un siglo.

“Nunca habían reclamado antes, actúan de manera intempestiva, y normalmente lo hacen los lunes, cuando los silos están mucho más cargados de leche para que el camión no pueda salir con la leche y se pudra, que fue lo que pasó”, afirmó Juan Beluardo, el abogado de la empresa. Y agregó: “Luego del bloqueo en la planta productiva, una facción fue a las oficinas comerciales, a 10 kilómetros, donde rompieron todo. Tiraron piedrazos, pintaron todo con aerosol, súper agresivo”.

El contrapunto de reclamos entre Atilra y las empresas

Consultado sobre esta serie de conflictos entre el gremio y las lácteas, Eduardo Roust, responsable de Prensa de Atilra –y fugaz vocero del presidente Javier Milei-, respondió que “las empresas que están en conflicto con los trabajadores es porque no pagan los sueldos”.

“Hay otras empresas como Lácteos Vidal que no cumplen con el Convenio Colectivo de Trabajo que suscribieron. En ese caso en particular, no querían categorizar a sus trabajadores para no pagarles mayores sueldos”, argumentó Roust.

En el caso SanCor, recordó que el conflicto lleva seis años. “No pagan sueldos o pagan atrasados sin ningún tipo de actualizaciones. No hacen los aportes jubilatorios ni a la obra social de Atilra. Eso significa que la obra social está atendiendo a 4.500 afiliados (entre los titulares y sus familias) sin recibir desde hace años ni un peso de aportes”, sostuvo.

El secretario general de ATILRA, Héctor Ponce, muestra sus viajes por el mundo en Facebook.

“Hay dos cosas graves que están pasando: una, la conciliación obligatoria sin el pago debido de los sueldos adeudados, eso sí que es ilegal. Los empresarios patean para adelante el pago del salario pero remarcan sus productos”, dijo Roust. “Acá no hay una lucha por conquistas laborales o mejoras en las condiciones de trabajo, sino por lo básico: cobrar el sueldo”, subrayó. Y, por otro lado, afirmó que “no hay ningún bloqueo en las plantas en conflicto”.

Del otro lado, los abogados Heim (Lácteos Vidal) y Beluardo (Lácteos Mayol) afirman que Atilra “es un gremio muy poderoso, que en el 90% de los casos se ha salido con la suya”. A empleados que no quieren adherir a las medidas de fuerza “han ido a buscarlos a la casa, los apretaban, les decían que eran unos entregadores, unos carneros, que eran traidores”, contó el abogado de Lácteos Mayol, que demandó a 27 personas por robo calificado, amenazas calificadas, coacción agravada y compulsión a la huelga, cuyo juicio comenzará en febrero de 2025.

Como ha pasado en otros rubros de actividad, acusan a Atilra de forzar que operarios que están enrolados en otros gremios, como el de la alimentación o de los trabajadores rurales, se afilien al sindicato lechero.

Lácteos Vidal esgrimió pruebas de “violencia, intimidaciones e impedimentos de ingreso a empleados”, y en función del artículo 158 del Código Penal denunció “violación a la libertad de trabajo”, por lo cual se imputó a Diego Alarcón, dirigente de Atilra Trenque Lauquen. En el mismo sentido, el abogado de Lácteos Mayol dijo: “Si quieren hacer un paro, que lo hagan por las vías que corresponden, porque una huelga no es lo mismo que un bloqueo”.

Evidentemente, el cimbronazo que provocan las propuestas jurídicas del gobierno de Javier Milei genera agitación en ambos polos de este conflicto. Unos se aferran a los códigos que les permitieron jugar a la ofensiva en los últimos años; otros creen que las reglas cambiaron a su favor. Y continúa la alta tensión.

“Etín” Ponce, el sindicalista que actúa como “dueño”

por Mauricio Bártoli

Héctor Ponce, “Etín” para los suyos, tiene 67 años y desde 2002 es secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), un gremio de 20.000 afiliados.

Santiagueño de origen, adoptó como patria adoptiva a Sunchales, la ciudad del centro norte santafesino que es epicentro de SanCor, la cooperativa que fue la principal empresa láctea argentina y luego entró en una crisis: conserva un tercio de sus plantas industriales (5 de 16), una quinta parte de los empleados (1.000 del pico de 5.100) y procesa 600 mil litros diarios; llegó a recibir 4000 litros por día y a tener una capacidad industrial diez veces superior a lo que hoy procesa.

Cuando la cooperativa conservaba su esplendor, Ponce ganó predicamento gremial tras conseguir importantes aumentos salariales y fondos para el sindicato. El ítem más comentado es el “aporte solidario” que consiguió en 2009 para que las empresas paguen el 6,4% del salario. Años después, cuando el sindicato recaudaba unos 30 millones de pesos (entre 2 y 3 millones de dólares) por mes, las pymes lácteas se rebelaron pero SanCor lo siguió pagando.

En el interín, desde Atilra habrían salido fondos para sponsorear a clubes de fútbol como Atlético de Rafaela, Quilmes y Colón de Santa Fe, y a pugilistas como Sergio “Maravilla” Martínez y Marcos Chino” Maidana. Colegas sindicalistas explican que a “Etín” le gusta el boxeo y fue periodista deportivo.

En su juego político, Ponce sumó puntaje cuando propició un pacto entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, presidentes de Argentina y Venezuela. Corría el 2006 y mientras los líderes latinoamericanos venían de torcerle el brazo al presidente norteamericano George W. Bush (le voltearon el Acuerdo de Libre Comercio Americano –ALCA-) Sancor tenía un preacuerdo con Adecoagro –liderada por el financista George Soros- para venderle el 62% de la cooperativa. Chavez aportó 80 millones de dólares a cambio de 3000 toneladas anuales de leche en polvo, durante 15 años, y Ponce hizo gala de ayudar a mantener la estructura asociativa de tamberos de 5 provincias. Pero, la historia tuvo un giro: hoy el consejo de administración de la cooperativa reclama a Venezuela una deuda de 18 millones de dólares.

El punto culminante de la relación entre SanCor y Atilra fue la idea de armar un fideicomiso junto a un grupo de empresarios nacionales, apalancado por 60 millones de dólares que aportaría la banca oficial en manos del kirchnerismo. Ponce confió en Mario Cafiero, Matías Kulfas, Sergio Massa, entre otros funcionarios que en distintos momentos consideraron posible a la iniciativa, pero la firma para liberar esos fondos nunca llegó y el fideicomiso perdió vigencia.

Quienes mejor conocen esta trama están convencidos de que, detrás del reclamo por los salarios adeudados, el endurecimiento de las protestas de Atilra tiene que ver con la caída del fideicomiso de SanCor. Es lo que enfureció a Ponce, quien creía que a través de esa figura societaria podría actuar como el “dueño” de SanCor.