Alberto Ayala, secretario general de UTA, intentó persuadir a los choferes a que acataran la conciliación y hasta le pidió tiempo al presidente de Transpuntano, Mariano Estrada, para darle una respuesta de parte de los trabajadores. El sol clavaba sus aguijones en las 8:30. Sin embargo, desde el corazón de la protesta llegó la negativa de darle lugar al pedido de Relaciones Laborales y propusieron hacer otro cónclave a las 12 para decidir como seguía la jornada. Mientras tanto, por FM Ciudad, la jueza laboral María Eugenia Bona, que suspendió preventivamente con goce  de haberes a los delegados Ivan Piñeyra y Julio Domíngez, criticó el paro de los choferes y dijo que a algunos sectores les falta "cultura jurídica"."El transporte es un servicio público e interrumpirlo es una cosa grave, es como parar los hospitales", sostuvo la magistrada y opinó: "Esto es un problema de cultura jurídica de la población. Creen que pueden parar y no atender lo que dicta un juez", decía la magistrada y ponía en una situación cada vez más incómoda a los sindicalistas. Pese a esto, los choferes mantenía la postura de negar también la salida de los colectivos de emergencia dispuestos por la empresa. Al respecto Mariano Estrada, presidente de Transpuntano, dijo en declaraciones a los medios de prensa que “Esto representa una irresponsabilidad mayúscula por parte de la UTA, porque no respetan  las instituciones ni a la Justicia Laboral. Estamos a merced de la voluntad de treinta personas, pero somos optimistas de que luego de la audiencia de las 12 el servicio se normalice", comentó. Finalmente así sucedió. Se sentaron las partes y el paro se levantó. El gremio le exige a la empresa: uniformes, poner en buenas condiciones los sanitarios ubicados en la tercera rotonda, habilitar a los delegados a ejercer en la empresa, un descanso de quince minutos entre cada vuelta, y el pago de una diferencia salarial por vacaciones mal liquidadas en 2012. “La mayoría de los puntos quedaron cumplidos, excepto en el pago de lo que nos deben, que la empresa puso un plazo de 60 días”, indicó Alberto Ayala, Secretario General de UTA, a El Diario de La República.