El pasado 23 de agosto, la Justicia Federal dispuso la suspensión del Decreto que había intervenido la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip) y ordenó reconocer y garantizar el derecho de la Unión del Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) a designar su conducción.

El fallo del Juzgado Federal de Santa Fe N° 1, que da vuelta una decisión presidencial, fue solicitado por la conducción de Ángel García que desde hace años busca retomar el manejo legítimo de la institución.

El decreto, que ahora queda sin efecto, data del 20 de abril de 2021 y definía la intervención a la obra social en cuestión por el plazo de 180 días. Después se fue prorrogando una y otra vez. En ese proceso pasaron varios interventores.

Ahora, con el aval legal, García intimó con una Carta Documento al Superintendente de Servicios de Salud, Daniel Lópéz, a que cumpla con la manda judicial. De hecho se habla de la aplicación de sanciones en caso de que incumpla con lo demandado.

Según constató la UPSRA, el propio juzgado notificó a López de la resolución por lo que el funcionario, en caso de demorar la determinación, se expone a una denuncia ante el fuero Federal por incumplimiento judicial, entre otros posibles delitos.

La Ospsip, que atiende mayormente a los miles de afiliados al gremio de vigiladores, está intervenida hace 7 años. En ese plazo se han sucedido gestiones signadas por escándalos en el manejo de los fondos de los afiliados y por la escasez de prestaciones.