Por Natalí Risso

El Gobierno define por estas horas la suerte de los decretos de doble indemnización y prohibición de despidos, que ya acumulan dos años de vigencia. Ante su inminente vencimiento el próximo 31 de diciembre el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que la recuperación económica cercena la necesidad de prorrogarlo, pero se trabaja en la definición acerca de cómo se llevará a cabo. 

 "La situación extraordinaria ya terminó pero la salida debería ser gradual", dijeron a PáginaI12 desde la cartera de Trabajo. Consultado por este diario, el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano recuperó la experiencia de 2007 en la que, tras cinco años de vigencia del decreto que afectaba la suspensión de despidos sin causa, el gobierno estableció extenderla hasta que la tasa de desempleo se encontrara por debajo del 10 por ciento. 

"Esta opción es una herramienta útil para que la salida esté atada a indicadores objetivos y no necesariamente a la libre disposición de una autoridad administrativa", reflexiona Ottaviano y agrega que "un elemento adicional al levantamiento gradual de esta medida atándolo a indicadores objetivos como puede ser la creación de empleo privado registrado puede ser el diálogo social, es decir la participación de todos los sectores para determinarlo". 

Otra alternativa en la que el Gobierno ya avanzó en la última prórroga del decreto de la doble indemnización el último enero tiene que ver con ponerle un techo al monto de la misma. En el decreto que prorroga la herramienta en enero de 2021 se estableció un valor tope de quinientos mil pesos a la indemnización definitiva, que podría ir bajando en las siguientes prórrogas. "Puede ser una referencia como un techo o piso, pero la salida seguiría dependiendo de la libre disponibilidad de la autoridad administrativa", explica Ottaviano. Asimismo, perjudicaría a aquellos trabajadores más antiguos a los que les correspondería un monto de dinero alto dados sus años de trabajo.

El decreto 329/2020, que el gobierno firmó el 31 de marzo de 2020 apenas se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuso la prohibición de los “despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. La doble indemnización se había fijado previo a la pandemia, en diciembre de 2019, acompañando la emergencia económica, laboral y social en la que se enmarcaron muchas medidas de asistencia apenas asumida la gestión de Alberto Fernández. Ambas medidas, que fueron planteadas inicialmente por 60 y 180 días, respectivamente, sufrieron varias prórrogas con algunas modificaciones en estos dos años muy a pesar del sector empresario. 

En un evento que tuvo como anfitrión al empresario Paolo Rocca, y del participó el presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja, a fines de noviembre, el ministro de Trabajo destacó la recuperación económica y del empleo, y se refirió a los dos decretos a los que los empresarios atribuyen la falta de creación de empleo privado: "Como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo es altamente probable que esas medidas terminen a fin de año y no sean prorrogadas", apuntó.

Instantáneamente salieron desde el sector gremial a matizar esos dichos. El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional electo por el Frente de Todos, Sergio Palazzo, describió a la medida como excepcional en el contexto de pandemia, pero hizo énfasis en que hay que garantizar los puestos de trabajo y por lo tanto que su levantamiento debería darse "de forma gradual" a medida que se vaya reduciendo el desempleo en Argentina. "Algunos hombres de la UIA están ansiosos de que se termine para realizar despidos. En el gobierno de Macri se disminuyó el poder adquisitivo de los salarios y hoy pretenden remover el costo indemnizatorio de sus empresa. Buscan el sometimiento del trabajador porque al no tener indemnización es presa fácil de cualquier presión con tal de evitar que lo despidan", fundamentó.