Un informe publicado por LN+ contra Pablo Arnaldo Topet, Hector Omar García, Juan Pablo Mugnolo, Guillermo Gianibelli y Mariano Recalde, a quienes los acusaron de «adoctrinar», despertó una catarata de repudios contra el medio y una de sus principales figuras: Luis Majul.

Los titulares de cátedra de Derecho Laboral mencionados, fueron acusados por el medio, de gran afinidad con el Gobierno de Javier Milei, de promover ideas y posturas cercanas al sindicalismo y a sectores específicos de la política argentina, lo que en el canal interpretaron como una forma de adoctrinamiento. Las acusaciones sugieren que ciertos contenidos en sus clases podrían tener una orientación ideológica que, según sus detractores, busca influir en los estudiantes hacia una visión favorable a posturas laborales y políticas específicas.

Los gremios docentes apuntaron contra el canal de TV La Nación+ y, puntualmente, contra el programa de Luis Majul, lo pusieron en sintonía con “el ataque sistemático del Gobierno nacional”. Hasta el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) los apoyó, asegurando que “no son periodistas, son operadores”.

Para el líder del Sipreba, Agustín Lecchi, Majul «estigmatizó de manera macartista a abogados que son docentes en la UBA, con cargos concursados, y que tienen actividad laboral en sindicatos. Nada dirán de profesores que representan entidades empresarias».

Por su parte la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el Grupo de Estudios de Derechos Social, la Asociación de Judiciales Bonaerense, la Asociación de Derecho Sindical fueron algunas de las organizaciones que se expresaron por lo sucedido.

La enseñanza del Derecho Laboral en Argentina necesariamente involucra el análisis de cuestiones políticas y sindicales dadas las características del contexto laboral y legislativo del país. En las universidades el enfoque está puesto en formar profesionales críticos y, por supuesto, comprometidos con la defensa de los derechos laborales.

Desde la Asociación de Derecho Sindical consideraron que «resultan totalmente falsas, maliciosas y sumamente dañosas a la imagen e institucionalidad de la Universidad de Buenos Aires, y de todas las Universidades públicas del país. Entendemos que tales injuriosas acusaciones solo responden a la espuria estrategia de comunicación oficial para desprestigiar a la educación pública universitaria».

Por su parte, el Grupo de Estudios de Derechos Social planteó un «enérgico repudio hacia las acusaciones infundadas de adoctrinamiento» y defendieron en su comunicado la libertad de cátedra, el respeto por los concursos y la trayectoria académica de los profesionales señalados.

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas «repudia enérgicamente la pretendida acusación de adoctrinamiento y el ataque directo e infundado a los profesores titulares de Cátedra del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UBA».