La noticia de la muerte del superintendente de Salud, Eugenio Zanarini, al parecer víctima de sus problemas cardíacos, provocó una conmoción en el sector sanitario del Gobierno y también en la CGT, cuya mesa chica verá a Alberto Fernández antes del fin de semana para tratar la crisis de las obras sociales sindicales.

El encuentro había sido gestionado por la central obrera varias semanas antes del fallecimiento de Zanarini, mano derecha de Ginés González García y quien se había mantenido en su cargo a pesar de la salida del exministro, pero el nuevo escenario redefinirá la charla: el lugar ahora vacante es uno de los espacios más sensibles para los gremios por la administración de los mayores recursos que distribuye el Estado a sus prestadoras de salud.

Zanarini fue hallado sin vida en su casa del barrio de Caballito por policías, alertados por el chofer del funcionario que no había obtenido respuesta suya a los llamados desde el arranque del día. Las primeras investigaciones giran en torno de un fallecimiento durante la noche producto de la afección cardíaca que lo aquejaba y por la cual había sido sometido a intervenciones para la colocación de stents.

El superintendente había sido nombrado en ese lugar por González García, con quien mantenía una estrecha relación a partir de la universidad Isalud, del exministro, y continuó en su cargo luego de la eyección de su amigo y el nombramiento en su lugar de Carla Vizzotti. En diciembre había sufrido un episodio cardíaco que coincidió con la marcha atrás del Gobierno en la autorización de un aumento a las prepagas que había firmado el propio Zanarini.

Más allá de los vínculos de afecto que había construido en el sector, la muerte del superintendente abrió un espacio de incertidumbre por el perfil de su sucesor. En tanto, no había funcionarios dispuestos a arriesgar un nombre como reemplazo por lo repentino del fallecimiento pero en principio aparecían en el horizonte tres opciones: una continuidad institucional a cargo del actual gerente general de la SSS, David Aruachán, virtual número dos del organismo y puesto en ese lugar por sugerencia de la CGT; Liliana Korenfeld, cuyo nombre se mencionó a fin de año junto con la crisis política y de salud que involucró a Zanarini, y que ocupó el principal sillón de la repartición en el segundo gobierno de Cristina de Kirchner. La otra opción sería una persona de confianza de Vizzotti.

La CGT aguardaba esta noche la confirmación del encuentro con el Presidente para despejar, entre otras, esa incógnita. Es que además de administrar un presupuesto que este año alcanza los $37.000 millones, la SSS tiene la llave para la distribución del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la mayor herramienta financiera en la relación entre el Gobierno y los sindicatos: se trata de los recursos que el Estado retiene de una parte de la recaudación entre las propias obras sociales sindicales y que destina al reembolso de prácticas médicas o remedios de alto costo. El FSR signó el vínculo de la CGT con los gobiernos desde la gestión de Néstor Kirchner hasta la actualidad.

La central obrera ya adelantó que espera del sucesor de Zanarini un perfil similar. Sus líderes alegan que más allá de las presiones el fallecido logró administrar los intereses de todos los actores del sistema, tanto privados como de la seguridad social, sin favoritismos. Con esa caracterización coincidió González García, su principal promotor, que le dijo a este diario que Zanarini había sido “un servidor público excepcional, respetado por todos los sectores”. En los últimos meses el superintendente se había abocado a la definición de una nueva canasta de prestaciones médicas que eventualmente reemplazara al PMO (Programa Médico Obligatorio) para hacerla más asequible.

La reunión con el mandatario ya tenía otros ejes de interés como la máxima tensión a la que era sometido el sistema de obras sociales. Al igual que el hospital público y la medicina privada, tal como contó este diario, las prestadoras de los gremios oscilaban en los últimos días con una ocupación del 80 al 100% en sus camas de terapia intensiva. En la CGT la queja recurrente era que a pesar de la inversión propia hecha incluso por los sindicatos con fondos propios, no había habido un sostén financiero por parte del Tesoro nacional para proteger a sus prestadoras.