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FRANCO MIZRAHI

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa una avanzada judicial contra diversos sindicatos luego del último paro nacional. Inmediatamente después de la medida de fuerza, es decir, entre el 11 y el 15 de abril, presentó a través de su alfil judicial en el ministerio seis denuncias penales en Comodoro Py por “atentado”, “extorsión” y “coacción” contra distintos gremios. Según indicaron fuentes judiciales, habría más presentaciones en distintas partes del país. El objetivo es, una vez más, perseguir y amedrentar a quienes se manifiestan en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei.

El Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, Fernando Soto, fue el encargado de realizar todas las presentaciones contra los sindicatos. El 11 de abril, al día siguiente del paro nacional, Soto –que ejerce de forma privada la defensas de policías y expolicías acusados de gatillo fácil- realizó las primeras dos presentaciones. Una fue por “coacción” y “extorsión” y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. La segunda denuncia fue contra Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por “amenazas” y “extorsión” y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo, el candidato fallido del gobierno para la Corte Suprema.

Cuatro días más tarde, continuó la avanzada del ministerio de Seguridad. Soto volvió a denunciar a sindicatos por “amenazas” y “extorsión”. En esta jornada el ataque fue contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. Estos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.

Bullrich había adelantado su estrategia contra los sindicatos el mismo día del paro cuando -en declaraciones a Radio Mitre- afirmó que el ministerio recibió “más de mil llamados” para denunciar a sindicatos por supuestos “aprietes” para parar. “Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, señaló. También dijo que hubo “otro porcentaje grande de gente que llamó sin una denuncia concreta, pero acusando a los gremios de impedir que el país funcione”, sostuvo la ministra.

“Tuvimos más de mil denuncias y le pedimos perdón a la gente que llamó y los tuvimos en espera”, repitió luego de afirmar que “la Argentina es retrógrada en instituciones sindicales que trabajan para ellos y en su propio interés”. El mecanismo de abrir una línea telefónica para recibir denuncias es una estrategia que ya utilizó el gobierno mileísta para avanzar con denuncias contra organizaciones sociales.

El Destape se contactó con la CGT y algunos de estos gremios y no estaban al tanto de los detalles de las denuncias en su contra.

Quién es Soto, el encargado de las operaciones judiciales de Bullrich

Todas las denuncias radicadas en Comodoro Py contra los sindicatos por amenazas y extorsión las realizó Soto. ¿Quién es este abogado con cargo jerárquico en el ministerio de Seguridad? Es el encargado de realizar las denuncias judiciales que impulsa el ministerio. Por ejemplo, fue el encargado de presentar la denuncia penal del gobierno contra la jueza porteña Karina Andrade por liberar a las 114 personas detenidas de manera arbitraria durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo.

La acusación, que fue por los delitos de "Prevaricato, Omisión de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento" y presentó en Comodoro Py, estuvo repleta de falacias. Las mentiras de Soto y su jefa Patricia Bullrich en aquella denuncia expusieron el Estado de excepción, cual Estado de sitio, en el que pretenden que viva la sociedad durante el gobierno de Javier Milei. Esa misma pretensión se repite ahora en las acusaciones contra los sindicatos, con las que se busca acallar la protesta social y gremial.

El letrado actúa como una especie de mano derecha de Bullrich en el ministerio y ejerce –sin pudor- a la vez como abogado de policías y expolicías acusados de graves delitos. Entre otros, representa al exagente Luis Chocobar y defendió en juicio a tres uniformados condenados a perpetua por el asesinato de Lucas González, un caso emblemático de violencia institucional. El actual Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad es un ferviente impulsor la ampliación de la “legítima defensa” mediante la cual busca favorecer a sus defendidos del ámbito castrense.

Soto, que ya había sido parte del ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich durante el macrismo, estuvo a cargo de la defensa del prefecto Javier Pintos, acusado de asesinar al joven mapuche Rafael Nahuel, el 25 de noviembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue su abogado en los primeros momentos de la causa. Por ejemplo, lo acompañó en su indagatoria. No llegó al debate oral. A su vez, fue parte en el caso de Santiago Maldonado también durante la presidencia de Macri. En esta oportunidad actuó en representación del ministerio de Seguridad. Y fue el encargado de pedir que se cambie la carátula del caso que estaba como “desaparición forzada” luego de que apareciera el cuerpo de Santiago. La solicitud fue rechazada.

Ahora, tras el paro nacional es quien impulsa y firma las denuncias contra los sindicatos.