Los trabajadores mostraron su descontento con la idea de reducir a la mitad el número de socorristas en las playas. Advirtieron acerca de los riesgos que se corren en los balnearios y anunciaron que iniciarán demandas judiciales. El municipio también habló del costo que implica cada trabajador.
A poco menos de un mes de que se permita el ingreso de turistas de todo el país, el municipio se encuentra envuelto en una fuerte discusión con los guardavidas que prestan servicio en los balnearios públicos. Esta mañana (11/11) Juan Rapoport, referente de los trabajadores, dijo que rechazarán el “cercenamiento de derechos adquiridos” y anunciaron que irán por la vía judicial para hacer retroceder al Ejecutivo en el plan que busca poner en marcha para esta temporada.
Rapoport convocó a una rueda de prensa desde la playa Melipal, uno de los balnearios que no contará con el servicio de guardavidas que ofrece el municipio cada verano. “Nos resulta muy preocupante la decisión tomada”, confió y denunció que el nuevo plan municipal prevé pasar de 40 a 20 rescatistas, en comparación con los años previos, además de una reducción salarial que estimaron en un 40%.
“Para el trabajador es una reducción brutal, se pretender no pagar feriados, horas extras”, describió acerca de una propuesta que también adelanta “un límite arbitrario de licencias”, situación que fue rechazada de plano por los trabajadores ante lo que interpretaron como una avance sobre las leyes laborales.
Rapoport explicó que el municipio solo mantendrá ocho playas con servicio de guardavidas. Según la documentación que entregó el Ejecutivo al bloque de concejales del Frente de Todos, los balnearios habilitados para el verano serán: Centenario, Centro, Bonita, Serena, Del Viento, Coihues, Arelauquen y Ruta 82.
El secretario general de la Asociación de Guardavidas (AGBA) dijo que solo se contará con dos rescatistas por playa, cuestión que evaluaron como una imposibilidad para brindar un “servicio eficiente”. Además detalló que el plan incluye un boyado, de unos 300 metros cuadrados, que hace las veces de “simulación de una pileta de 50 metros” en cada playa.
“Es impracticable”, adelantó y dijo que la medida no permitiría cumplir con los protocolos de distanciamiento además de excluir a quienes no permanezcan en ese límite y que podría generar víctimas fatales al intentar un rescate exitoso en otros sectores.
Acerca de una posible tercerización del servicio, por medio de la Asociación de Guías de Turismo y Deportes de Aventura, Rapoport reveló que la organización decidió dar un paso al costado. A partir de este punto consideró “un logro” que el municipio intente organizar el servicio con guardavidas municipales aunque su aplicación podría postergarse en el tiempo: “lo creemos desde el entendimiento político y desde ver quiénes son los jugadores que están en esta movida y como se manejó todo por detrás de la ciudadanía y del Concejo Municipal”.
Más tarde, en un parte público, dijeron que se mantendrán en "estado de alerta y movilización en procura de la defensa de nuestras fuentes de trabajo, llevando adelante las acciones que consideremos necesarias en el plano político, sindical y judicial".
El informe del municipio
La respuesta al bloque de concejales del Frente de Todos lleva la firma del intendente Gustavo Gennuso como “responsable actual de la gestión de gobierno”. En el primer punto hizo referencia a la situación epidemiológica que no permitiría una apertura total de los balnearios municipales y a la baja recaudación que llevó a reducir “los elevadísimos costos que insume el servicio al municipio”.
Tomando como referencia a la temporada 2019/2020, el Intendente dijo que se pensó en un esquema de presencia de guardavidas de lunes a lunes de 13 a 20 horas ya que, en la temporada anterior, cada contratado le significó al municipio 356.336,27 por tres meses de servicio, incluyendo el aguinaldo y dejando fuera las horas extras. A partir de ese cálculo se explicó que los guardavidas generan un costo total de 14.471.501,40 pesos, por temporada, “sin contar insumos”. Pero Gennuso también sumó a la ecuación el costo de la construcción de garitas para los guardavidas, unos 300.000 pesos tomados de los fondos de la Ecotasa.
Otro de los puntos resaltados fueron los “aspectos conflictivos” de la contratación como el cómputo de años de antigüedad que toma un año calendario por cada temporada (tres meses) trabajada. También advirtió “errores conceptuales graves” en las liquidaciones salariales que habría llevado a los guardavidas a tener un “ingreso privilegiado” respecto a los trabajadores de Viedma, citados como ejemplo.
La propuesta
Gennuso adelantó que la comuna garantizará un servicio de “mínima prestación” en ocho balnearios, que se convocará menos guardavidas y se procederá a ajustar las contrataciones “sin reconocimiento de privilegios que perjudican al erario público”.
El informe justifica además la propuesta del Ejecutivo a partir del número de rescates por cada balneario, mencionando que se logran dos “intervenciones preventivas” por año, “por lo cual, no resulta necesario contar con cinco guardavidas en una playa, sino que con uno que realice tareas de prevención y observación; y otro asistente para rescate, consideramos será suficiente”.
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