El detenido sindicalista Omar "Caballo" Suárez será trasladado este miércoles desde la cárcel de Marcos Paz a la clínica Fleni, en el partido bonaerense de Escobar, para una nueva "evaluación", y podría quedar alojado allí para desarrollar un tratamiento médico.

Así lo dispuso el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ya le comunicó la orden de traslado al jefe del complejo penitenciario, prefecto Raúl Medina.

Suárez será trasladado mañana al Instituto Fleni, situado en el kilómetro 53 de la ruta 9, para "una nueva evaluación de su estado de salud actual a los efectos de establecerse el tratamiento médico y de rehabilitación a seguir de acuerdo a la patología que presente", según indicaron fuentes judiciales.

En abril pasado, dos médicos forenses del Poder Judicial constataron que el ex titular del sindicato de obreros marítimos SOMU "sufrió un daño neurológico orgánico" mientras estaba en prisión.

El informe advertía que su patología podría ser abordada en la cárcel de Marcos Paz siempre y cuando el penal cuente con los elementos necesarios para el tratamiento y pueda reaccionar rápidamente ante una eventual crisis de salud. El informe lleva las firmas de los profesionales Carlos Baistrocchi y Cristian Rando.

Canicoba Corral dispuso que "una vez finalizados los estudios deberá regresar el detenido a su unidad de alojamiento".

No obstante, advirtió que "en el caso de que las autoridades médicas del lugar entiendan necesario la internación del nombrado en el lugar se deberá canalizar consulta de ello con esta judicatura de manera inmediata y vía telefónica".

Ante la eventualidad de que sea recomendada la internación, "el Tribunal evaluará y decidirá sobre esa situación", explicó el documento firmado por el juez.

Suárez fue detenido el 13 de septiembre de 2016, procesado por delitos cometidos al frente de su sindicato, que fue intervenido por orden del juez.

La intervención estuvo a cargo de la dirigente del PRO Gladys González, a quien sucedió Alfredo Enrique Bertonasco, quien ocupará ese cargo al menos hasta agosto, cuando, según la resolución judicial, vence esa medida y debería normalizarse la conducción del sindicato.

El gremialista está imputado de asociación ilícita, coacción agravada, administración fraudulenta y entorpecimiento de la navegación de buques.