En una improvisada conferencia de prensa ofrecida frente a la sede sindical de Venezuela al 2.300 y rodeado de afiliados sindicales, el titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires (SIVENDIA) y diputado nacional, Omar Plaini -quien debió ser atendido horas antes por personal del SAME ante una repentina indisposición-, denunció que el magistrado modificó “la carátula de la causa iniciada en 2013” y prescripta hace ya dos años.

Al respecto, indicó que “la supuesta adulteración y uso de documento público ahora pasó a ser ‘privado'”, y subrayó que “lo que se intenta voltear es el reclamo de prescripción” a partir de “la actuación de la secretaría 15 de Verónica Lara”.

“¿Cómo es posible que se me procese y embargue, cuando a otros cuatro compañeros de conducción imputados ya se les dictó la falta de mérito? ¿Cómo es posible que se invoque falsamente el artículo 56 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, sobre la que el juez no tiene competencia alguna, y se reclame la intervención de Trabajo? y, además, ¿no se observa la clara persecución política y jurídica existente a partir del decidido apoyo del sindicato a la candidatura de Cristina?”, preguntó.

Plaini, secretario administrativo de la reunificada CGT, afirmó también que “se trata de una clara violación a los derechos constitucionales y un claro ataque al conjunto del movimiento obrero, iniciado con la acusación por parte del propio presidente Mauricio Macri de la existencia de mafias”, a la vez que indicó que “es un fallo llamativo” por “el posicionamiento de la organización, que nunca dudó en respaldar a la ex presidente”.

El dirigente gremial señaló que atiende su propio puesto de venta de diarios y revistas en Balcarce 370, frente al Hospital Gandulfo, y expresó que, en su momento, la propia Sala X de la Cámara Nacional y la Corte Suprema de Justicia convalidaron “el proceso electoral realizado en canillitas en septiembre de 2013”.

Además, Plaini aseveró que la propia cartera laboral entregó en 2014 al gremio “las certificaciones respectivas” y enfatizó que solo sobrevive “una causa penal iniciada y abandonada hace ya tiempo por los opositores de aquel entonces y seguida por Lara”.

Plaini denunció que a dos días de que la conducción del SIVENDIA se aprestaba a difundir una solicitada convocando otra vez a elecciones de renovación de autoridades, de forma “llamativa” el juzgado de De Giorgi decidió intervenir el gremio y procesarlo.

“Nada es casual. Pero los gremios son de los trabajadores”, dijo el dirigente, quien confirmó que el SIVENDIA “está intervenido y fueron clausuradas varias secretarías y pisos del edificio”.

La comisión directiva fue desafectada, en tanto la justicia determinó “un procedimiento sin poder hallar nada, ya que todo fue de forma oportuna presentado en el Ministerio de Trabajo, por lo que luego de prestar declaración indagatoria hace un mes y medio reclamé desde el sindicato la nulidad de todo el proceso”.

“Me procesan por las dudas. El cambio de carátula obedece a la necesidad de que el gremio continúe litigando”, concluyó Plaini.

El sindicalista -según explicaron a Télam varios integrantes de la conducción gremial-, se impuso en los comicios de renovación de autoridades con su Lista Bordó por 3.800 votos contra apenas 127 de la nómina Celeste y Blanca de José Olivo, hombre de Carlos Heller, según denunciaron a esta agencia los voceros del sector.

“Esa oposición impugnó de inmediato todo el proceso electoral, no obstante la notoria diferencia de los resultados. Esa causa atravesó todas las instancias y, hace unos nueve meses, llegó a la Corte Suprema, que la desestimó al afirmar que ‘fue clara la intención de los afiliados sobre la lista que decidieron votar'”, según comentaron esta tarde a Télam esos dirigentes sindicales.

Por la tarde de ayer la esposa de Plaini, llamada Carina, había denunciado que el dirigente estaba rodeado por oficiales gendarmes, quienes impedían que se comunicara telefónicamente.

La CGT, la Juventud Sindical Peronista y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) repudiaron de inmediato la decisión judicial y adelantaron que denunciarán “el ataque” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).