El pedido a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) tuvo lugar durante un encuentro de los tres cuerpos de la UATRE el pasado viernes 6 de septiembre durante la cual el Secretario General de la UATRE, José Voytenco, destacó la importancia de que el control de OSPRERA vuelva a estar bajo la administración de quienes mejor conocen las necesidades del sector rural. “Es hora de decir basta a quienes buscan inmiscuirse indebidamente en los asuntos de los sindicatos y sus obras sociales, con el fin de debilitar a los dirigentes populares y al movimiento obrero en su conjunto”, enfatizó el sindicalista.

El fallo judicial, emitido a finales de agosto por la Justicia Federal de La Pampa, anuló la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de ese mismo mes, tras señalar irregularidades en el proceso administrativo. La intervención había sido formalizada mediante el Decreto Nº 720/2024, argumentando problemas de liquidez y endeudamiento en la obra social.

Voytenco resaltó que la intervención fue una medida injusta y que su única finalidad fue despojar a los trabajadores rurales de la gestión de su obra social.

“Reafirmamos que la UATRE es y será un bastión de libertad, y no cualquier libertad, sino la de gestionar nuestra propia Obra Social, entendiendo profundamente las necesidades de la familia rural”, señaló el conductor de los/as trabajadores/as rurales.

En la reunión, el gremio consensuó una serie de reclamos dirigidos tanto al Poder Ejecutivo como a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS):

1. La nulidad absoluta del decreto de intervención de OSPRERA, al

considerarlo carente de los elementos esenciales de un acto administrativo.

2. La ratificación del fallo de la Justicia Federal del 21 de agosto, que hizo lugar al pedido de UATRE y declaró nula la intervención.

3. El respeto a la resolución previa de la Justicia Federal del 10 de junio, que ordenaba la normalización de OSPRERA a través de sus cuerpos orgánicos.

4. Que OSPRERA quede en manos de sus verdaderos afiliados y

beneficiarios, ya que es la UATRE quien mejor conoce las necesidades del sector rural.

5. Que la Superintendencia de Servicios de Salud respete su propia decisión al emitir el certificado de Autoridades y Mandatos hasta el 30 de junio de 2028.

6. Que la Superintendencia de Servicios de Salud no ignore las decisiones de la Justicia y se ajuste a las funciones para las cuales fue creada.

7. Que el Gobierno Nacional respete la división de poderes y la libertad sindical.

“Quiero reafirmar mi compromiso, que no es con la política sino con cada uno de ustedes, con cada trabajador rural y sus familias”, concluyó Voytenco, insistiendo en la necesidad de unidad frente a los desafíos actuales.