La UATRE participó de manera activa y casi que protagonizando la presentación de un proyecto de ley que busca la creación de un cupo laboral específico para personas que hayan sido víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. La intención legislativa fue presentada en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires bonaerense con respaldo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la presencia de José Voytenco.

Además del dirigente nacional rural, estuvieron presentes la diputada bonaerense, Natalia Sánchez Jáuregui y el director operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera. También participó el Ministerio de Trabajo bonaerense, de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, concejales del interior bonaerense y representantes de sindicales, entre otros.

“Lo importante de la iniciativa es que plantea la creación de un registro de trabajo disponible, tanto en el ámbito público como privado, con el resguardo de la intimidad y confidencialidad de la información. Generar políticas para combatir este flagelo es parte activa de nuestra agenda sectorial”, señala Voytenco sobre el proyecto.

“Dentro de sus puntos importantes, crea el Programa de Inclusión Laboral de las Personas Víctimas de Delitos de Trata y Explotación de Personas en todas sus formas y estará destinado a todas las personas que residen en forma permanente en el territorio de la provincia de Buenos Aires”, explica Jauregui, diputada de extracción sindical y mimenro del Consejo Directivo de UATERE.

Según se indica, en su articulado, el proyecto dispone que «cuando sea el Estado Provincial quien contrate a las personas contempladas en el artículo 1, el organismo provincial que los emplee, contará con un cupo de hasta el uno por ciento del total del personal, para ser cubierto, en cualquiera de las modalidades que asume la relación de empleo público”.

Se destacó que la falta de antecedentes laborales y educativos de las personas beneficiarias “no será un impedimento para acceder a los derechos que reconoce la presente Ley”, ya que el Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo de competencia en la materia y sus órganos dependientes deberán garantizar la capacitación laboral obligatoria y remunerada de las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por los mismos.

La difusión masiva será esencial en la ejecución de la eventual ley ya que estará plagada de información en medios radiales, televisivos, redes sociales, y también la vía pública.

Las provincias que se suman

No solo Buenos Aires contempla esta iniciativa sino que además, las provincias de Jujuy, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tucumán también poseen proyectos similares casi que como una intención de política de estado y en formato federal, que además se encuentra avalada por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en todo el país; podría sumarse Catamarca, Chaco y Salta.