Por Felipe Osman.

Tal como lo habían definido antes de que Trabajo dictara la conciliación obligatoria que garantizó el reinicio de clases, los docentes se movilizaron ayer por la tarde hacia las puertas del Centro Cívico. Antes, el secretario general de la delegación Capital pasó por la Legislatura, donde recibió el respaldo de los legisladores de la UCR, que en un comunicado expresaron su respaldo al reclamo y exhortaron a Llaryora a que “arbitre las medidas necesarias para incrementar el financiamiento del sistema educativo público a fin de garantizar la mejora en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en toda la provincia”.

La misiva difundida por los radicales denunció además el incumplimiento de la Ley de Educación Provincial (9870), que en su artículo 109 establece que la Provincia debe garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Provincial asignándole un porcentaje mínimo de recursos “no inferior al treinta y cinco por ciento del Presupuesto General anual”.

Además, los docentes también consiguieron que la CGT Córdoba respaldara la protesta. En un comunicado firmado por sus triúnviros, Andrés Colazo, Ilda Bustos y Federico Corteletti, la central expresó su apoyo “en su justa lucha por obtener salarios dignos y que no se encuentren debajo de la línea de la pobreza”. 

Tal vez lo más interesante del comunicado sea su párrafo final, en el que la CGT apuntó que el Gobierno Provincial “debe mejorar las propuestas salariales, tanto del sector docente como de los trabajadores que cumplen funciones esenciales en el Estado”. 

Y aunque ese apartado podría ser interpretado como el primer paso hacia la constitución de un frente gremial estatal dispuesto a presionar al Centro Cívico, la señal se vuelve confusa cuando se atiende a que, en simultáneo, el SEP firmó un acuerdo paritario similar al que semanas atrás rechazó la UEPC. Desde el Centro Cívico, en tanto, aseguran que el resto de los estatales seguirá el mismo camino, como ya lo hizo UPS (Jerárquicos), la semana pasada.

La movilización de los docentes contó con el respaldo de ATE, ADIUC, UTS y de agrupaciones opositoras a la conducción del SEP. La conducción provincial de la UEPC, encarnada en la lista Celeste, no se sumó a la protesta.

La conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que evitó el paro de 48 horas convocado por la asamblea provincial del sindicato docente para los primeros dos días de esta semana, se mantendrá vigente hasta el viernes de la semana próxima. Hoy, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, se reunirá con representantes de la Junta Ejecutiva Central de la UEPC para transmitirle una nueva oferta, que deberá ser debatida por el gremio antes de que termine la tregua decretada por Omar Sereno.

De momento, la estrategia seguida por el Centro Cívico es dilatar el conflicto, a la espera de que la presión ejercida por el retraso del salario real termine forzando a los docentes a aprobar una propuesta que no conforma a las bases, y que la conducción provincial no consigue hacer pasar en la Asamblea Provincial.

Se trata, debe decirse, de una táctica de probada eficiencia, pero que también puede conllevar efectos colaterales de magnitud.

El desgaste puede torcer el brazo de las bases, pero sumar presión a la interna de la UEPC entraña, para el Centro Cívico, el riesgo de que la oposición, liderada por agrupaciones de izquierda, independientes y autoconvocados, gane terreno en el sindicato, que debe ir a elecciones de delegados escolares en octubre.

La lista Celeste representa, o representaba, para la Provincia, una garantía de “estabilidad” para la UEPC. El reaseguro de que, más temprano que tarde, las ofertas del Centro Cívico serían aceptadas. El avance de la oposición, que el año pasado se hizo con el control de las dos delegaciones más importantes de la provincia -Capital y Río Cuarto- ha traído consigo negociaciones paritarias más duras, en las que el Gobierno Provincial se ha visto obligado a ceder en más de una oportunidad.