Por: Felipe Osman.

El paro de UEPC coincidió, esta vez, con la segunda jornada de huelga de los sindicatos docentes encuadrados en la CGT: UDA (Unión de Docentes Argentinos), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos). El resultado fue un paro con una adhesión superior al 70 por ciento y una convocatoria que los gremios aseguran superó las 25.000 personas, paralizando el centro de Córdoba durante la mañana de ayer.

Como novedad, se pudo ver al secretario general de la UEPC a nivel provincial, Roberto Cristalli, marchando junto a Franco Boczkowski, secretario general de la delegación Capital, que nuclea a poco menos de la mitad de los docentes de Córdoba.

Cristalli y Boczkowski lideran espacios que contendieron en las elecciones internas de la UEPC el año pasado, prevaleciendo el primero, de la lista Celeste, a nivel provincial, y el segundo, de la lista “Unidad desde las Escuelas” en la delegación capitalina.

Ambos espacios tienen concepciones distintas del conflicto. Mientras los “celestes” orientan su reclamo centralmente contra el Gobierno Nacional, aunque interpelando también al Gobierno Provincial, la entente conformada por agrupaciones de izquierda y sectores autoconvocados ven en la Provincia al principal responsable del conflicto, sin dejar por eso de denunciar el ajuste del Gobierno Nacional a la educación pública.

Amén de los matices, la unidad en el reclamo refuerza la posición del sindicato, que presiona por una mejora en la propuesta de la Provincia para la paritaria 2024 y exige el cumplimiento de lo pactado para el período 2023, que preveía una cláusula gatillo para empardar la inflación hasta enero.

El descontento del gremio crece, además, por la reducción de las prestaciones que ofrece APROSS (Administración Provincial del Seguro de Salud), por el incremento en el aporte de los agentes públicos a la obra social y la Caja de Jubilaciones sancionado en la última sesión de 2023 de la Legislatura, y por el reciente retorno del diferimiento en el reajuste de los haberes jubilatorios dispuesto por la resolución 39-D del Ministerio de Economía, publicada el jueves en el Boletín Oficial.

Así, no sólo la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente dispuesta por el Gobierno de Javier Milei suma presión a la paritaria docente, sino también la suspensión de los giros nacionales a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Los dos factores, junto a la eliminación de otros fondos nacionales destinados a garantizar recursos para comedores y merenderos escolares y para el mantenimiento de la infraestructura educativa, se combinan dificultando el cierre de las paritarias docentes en todo el país. De hecho, en otras provincias también pesa la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, que implica un complemento salarial para los docentes de provincias que pagan haberes inferiores a los fijados por la Paritaria Nacional Docente, instancia que también fue eliminada por el Gobierno Nacional.

Al cabo de la movilización de ayer, el secretario general de la UEPC Provincial, Roberto Cristalli, dio lectura a un documento luego publicado en la página del gremio en la que el sindicato denuncia “Tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial han generado una pérdida del salario docente sin precedentes. Hoy, con una inflación acumulada del 47 por ciento, las y los docentes este mes hemos cobrado sin aumento”. 

Además, los docentes reclaman a Llaryora que el ajuste se da “Mientras el Sr. Gobernador sigue diciendo que Córdoba tiene superávit”.

Tras las palabras de Cristalli frente al Patio Olmos, la columna “celeste” se dispersó. La oposición, por su parte, continuó su marcha hacia la sede del APROSS, ubicada en la esquina de la Cañada y Achával Rodríguez. Ahí, el secretario general de la delegación Capital, Franco Boczkowski, apuntó también contra la reducción de prestaciones de la obra social de los empleados públicos, denunciando que la quita de prestaciones se mantiene incluso después del incremento de aportes sancionado por la Legislatura.

La propuesta que rechazan los docentes 

Febrero: 50 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, sumando a la base de cálculo el 4,6 por ciento de reajuste que los docentes cobraron en enero y manteniendo el ítem de Profesionalidad Docente (a través del cual el Gobierno pagó el resto del reajuste concedido unilateralmente el mes anterior), pero suspendiendo el requerimiento de presentismo para cobrarlo.

Marzo: 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de febrero, y una suerte de simplificación de los recibos de haberes, por la unificación de los ítems “remunerativos no bonificables” bajo un único concepto.

Abril: 50 por ciento del IPC sobre los sueldos de marzo, y el compromiso de eliminar “el tope del Estado Docente, en una primera etapa, en un 25 por ciento”. (El Estado Docente es un ítem que los educadores cobran por detentar un “cargo” o una determinada cantidad de horas al frente de las aulas. Actualmente, un docente puede tener horas, un cargo, un cargo y horas adicionales, o hasta dos cargos, pero en cualquier caso cobra sólo un “estado docente”, que representa el 40 por ciento de un salario testigo, a saber, el haber inicial de una maestra de grado). La eliminación progresiva de esa limitación implica que, a partir de abril, un docente que tenga más de un cargo podrá cobrar hasta 1,25 “estados docentes” (es decir, el 50 por ciento de un salario testigo). Además, con los salarios de abril se liquidará un monto no remunerativo igual al 4,5 por ciento de los salarios de diciembre de 2023, a título de compensación por pérdida salarial del ejercicio anterior. Adicionalmente, el Gobierno Provincial absorbería el pago del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) para los jubilados.

Además, el compromiso de la Provincia de poner sobre la mesa, en mayo, cuando se negocie la próxima paritaria, el pago de la diferencia del 5 por ciento de la paritaria 2023 y la eliminación total del tope al “estado docente”.