El primer gremio que salió a manifestar su rechazo a los artículos 51 y 52 del proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación fue el de docentes universitarios de la UBA, la Asociación Gremial Docente que acaba de celebrar sus 20 años de existencia. Esos artículos proponen suspender por 180 días la aplicación del 82% móvil para las jubilaciones de la docencia universitaria, preuniversitaria y de los investigadores. 

A través de un comunicado, profusamente difundido a minutos de conocido el proyecto de ley, la AGD-UBA señala que “esta suspensión llega en el peor momento para los jubilados y jubiladas docentes. Ya que como resultado del pésimo acuerdo paritario de 2018 –plagado de sumas en negro–, los compañeros y compañeras han percibido en el mes de septiembre sólo un 8,6% de incremento en sus haberes. Esto frente a una inflación del 48,3% en lo que va del año, sin contar diciembre”.

En el texto, además, explican que “esta suspensión se hace supuestamente para beneficiar a los que cobran haberes mínimos. Pero nuestras jubilaciones no son jubilaciones de privilegio. La docencia universitaria paga todos los meses un 2% extra de sus salarios para tener la movilidad y el 82%. Y lo seguiremos haciendo, porque la Ley dice que vamos a seguir pagando, pero no recibiremos la movilidad adecuada”.

Para AGD-UBA “nuestros jubilados serán condenados a la miseria tal como exige el FMI” y la decisión constituye “la continuación de la contrarreforma previsional que impusiera Macri en 2017 y que enfrentamos en las calles”. Por eso, finalmente, exigen que no haya “ninguna reforma previsional dictada por los usureros de la deuda pública”.

La AGD-UBA representa a los docentes de la Universidad de Buenos Aires y a los colegios pre universitarios y, desde su fundación, está bajo la conducción de un frente de partidos de izquierda hoy enrolados en el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). Así las cosas, su posicionamiento público era relativamente previsible. 

Pero, a su vez, forma parte de la CONADU Histórica cuya conducción reviste en las filas de la CTA Autónoma liderada por Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy que, históricamente, se alinearon por fuera del peronismo pero que, en las últimas elecciones, integraron a través de su brazo político Unidad Popular (UP) de Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, el Frente de Todos. De hecho, se movilizaron el pasado 10 de diciembre para celebrar la asunción del nuevo gobierno. Ese alineamiento no impidió que, horas después, su conducción también hiciera público su rechazo a los mismo artículos.

En una declaración firmada por su titular Luis Tiscornia señalan que la “CONADU HISTÓRICA rechaza la suspensión de la movilidad jubilatoria”. Para CONADU (H) el régimen especial del que gozan es “producto de grandes luchas de nuestro sector y que en el caso de la Ley N° 26.508, fue sancionada por unanimidad en ambas cámaras legislativas tras importantes campañas de firmas y movilizaciones en todo el país”.

Para CONADU (H), “las jubilaciones docentes y de investigadores perdieron más de un 40% contra la inflación en los últimos dos años, por lo que consideramos una injusticia que se nos asimile con sectores de privilegio, en especial con relación a los verdaderos ganadores del período neoliberal del gobierno de Macri”.

El mismo camino tomó el sindicato de docentes porteños de nivel primario y secundario, Ademys, que mediante un comunicado difundido a la tarde del martes señaló que “en la práctica esta medida le quita a unos jubilados para darle a otros, produciendo un achatamiento de los ingresos dentro del sector de los propios trabajadores y trabajadoras”. Para Ademys, “de aprobarse la ley en estos términos, se continuará con el camino de la reforma previsional del macrismo y el FMI que enfrentamos en las calles el pasado diciembre de 2017”. El sindicato, también liderado por agrupaciones de izqueirda, concluyó con la exigencia “a las centrales sindicales nacionales y a la CTERA que rechacen estos artículos”.

El miércoles se conoció un nuevo comunicado firmado por la Junta Directiva de la CTERA que forma parte de la CTA de los Trabajadores liderada por Hugo Yasky, que terminó de darle un alcance unánime al rechazo.

Allí, CTERA, que agrupa a los sindicatos docentes de todos los niveles de todo el país, señala “nuestra profunda preocupación por los artículos 51 y 52 del proyecto de ley denominado “de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el Marco de la Emergencia Pública”, que suspende por 180 días la actualización jubilatoria para el sector docente”.

CTERA aclara que “compartimos el espíritu general de la ley, ya que entendemos que son los sectores que menos ganan, los que deben recibir de manera inmediata, la mayor asistencia del estado para poder recuperar rápidamente lo perdido en estos últimos cuatro años de ajuste de la administración cambiemos. Pero además, tenemos en claro, que el sector docente también ha sido fuertemente perjudicado por el ataque al sistema previsional de la administración anterior”.

El gremio destaca que “aproximadamente el 50% de los docentes jubilados no supera los $ 44.000” y que “tan solo 3.004 cobrarían el bono de $5000”

Por su parte, señalan que esos artículos “afectarían a la movilidad de la jubilación docente establecida en el decreto 137/05, firmado por el presidente Néstor Kirchner” en el que “establece el régimen previsional docente, para las provincias con cajas transferidas a la Nación y pueden generar un desequilibrio en la proporcionalidad que debe existir entre los haberes jubilatorios y los salarios de los trabajadores/as docentes en actividad”.

Por eso proponen que “para salir de la actual crisis económica y social, que deja la administración Cambiemos, deben ser quienes fueron beneficiarios directos de las políticas económicas del gobierno anterior, los que hagan el mayor esfuerzo y no lxs trabajadorxs”. Para el gobierno y sus legisladores este posicionamiento público podría ser una temprana señal de alerta.