En la proclama, el gremio de Scalesi asegura que «Los 500 pesos ‘arreglados’ para la asignación familiar (que no alcanzan ni para un kilo de leche en polvo y son menos de la mitad de lo que paga la Nación a sus agentes) se acuerdan con una minoría, excluyendo a la gran mayoría de agentes de la Administración Pública; a los docentes; a los policías; a las y los trabajadores de las empresas del Estado.» y destaca que la mandataria no responde a los requerimientos del gremio estatal mayoritario.

«La emergencia no es excusa de nada -destaca otro párrafo- y el gobierno también debe atender las dificultades que se presentan en los demás ámbitos del Estado, por ejemplo el de los trabajadores y trabajadoras. Y el lugar donde se atienden esas necesidades es, hasta que no haya otra ley que diga lo contrario, la Mesa de la Función Pública. Allí se debe poner en práctica la ‘escucha real’ a todos los representantes de los agentes estatales».

La UPCN Río Negro, sigue denunciando que, ya antes de la pandemia, «la situación salarial previa a la pandemia ya era muy grave para un número importante de trabajadores que no llegan ni a mitad de mes y hoy, esa brecha se amplió.»

También asegura que, «la excusa inicial para rebajar salarios hace dos años fue un plan pergeñado en base a una campaña ladina en contra de un dirigente del gremio mayoritario», aludiendo a Scalesi, porque «somos quienes llevamos las demandas auténticas que los compañeros y compañeras traen a su sindicato» y le sugieren a la mandataria que «no se equivoque más» porque el dirigente (Scalesi) cuenta con un amplio respaldo dentro de dirigentes y afiliados a UPCN.