En los primeros días de enero de este año, la gobernadora María Eugenia Vidal recibía muchas llamadas de intendentes, preocupados por la puesta en marcha de la ley 14.656. La norma entraba en plena vigencia en pocas horas, y obligaba a los jefes comunales a aprobar junto a los gremios municipales un convenio colectivo de trabajo, poner en marcha una mesa de negociación y discutir paritarias, entre otras cuestiones. Muchos mandatarios no tenían ni un mes en su cargo, y le avisaban a Vidal que no podían afrontar el desafío. Presionada, la gobernadora decidió decretar una prórroga de 180 días, que generó descontento en el sector sindical, pero sirvió para descomprimir la situación. A poco menos de un mes para que venza ese plazo, poco cambió en la provincia de Buenos Aires. Apenas unos 40 distritos hicieron los deberes, y la gran mayoría sigue dilatando la puesta en vigencia de esta normativa, largamente reclamada por los municipales.

La nueva ley reemplaza la cuestionada 11.757, aprobada en pleno neoliberalismo, y que provocó un verdadero cisma en el movimiento municipal bonaerense. No sólo fracturó la federación sindical, sino que empujó a millones de trabajadores a una situación laboral de absoluta precariedad. Casi 20 años después de su aprobación, sus secuelas siguen vigentes.

Para la dirigencia gremial, a partir de ahora comienza “la cuenta regresiva”, y presionan para la plena vigencia de la ley. Para esto, están decididos a ir por todo: así, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) adelantó que denunciará penalmente a los intendentes que no cumplan con la nueva reglamentación. En esta pelea, los municipales cuentan con el apoyo de un amplio abanico de gremios estatales, que en un documento incluyeron su problemática entre los reclamos a la gobernadora. La unidad sindical incluyó en el documento de 14 puntos aprobado a principios de mayo uno dedicado al tema, donde resaltó “la defensa de la plena vigencia de la paritaria municipal”. Pese a esto, la mayoría de los grandes distritos, en especial los del conurbano, siguen esquivando la negociación. como prueba de esto, la mayoría de los convenios firmados corresponden al interior provincial.

A paso lento

Desde que se aprobó la ley, en una tumultuosa jornada de noviembre del 2014, los intendentes intentaron dejarla sin efecto. Primero presionaron a los legisladores para que no la aprueben como había sido enviada a la legislatura por el diputado Hernán Doval, luego a través de una presentación judicial (que hizo la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia provincial) y finalmente consiguiendo la prórroga de Vidal. La resistencia de las comunas se vio plasmada en los pocos avances que se generaron en este tiempo, y a un mes de la plena vigencia, hay más dudas que certezas.

Avellaneda es por muchas razones un caso testigo. Allí nació el germen de rebeldía que dio lugar a la FeSiMuBo, que por casi dos décadas bregó por la eliminación de la ley 11.757. Desde ese distrito, el diputado Doval llevó el proyecto que consensuaron los gremios, liderados por el dirigente local Rubén “cholo” García. Pero hasta el momento, el intendente Jorge Ferraresi se niega a recibir al sindicato local, y armó una maniobra para negociar con otros espacios. Así, se llamó a la mesa de negociaciones a UPCN y UMA, ambos sin personería gremial. Esto hizo que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) se negara a ir a esa mesa, desatando un conflicto sin solución.

"Que sepa el intendente, que el Ministerio reconoce que el único gremio que tiene representación es el STMA, el nuestro, pero Ferraresi se defeca en la ley porque cree que es un emperador porque se sienta en una supercaja", criticó Daniel Ferro, secretario de Prensa del STMA. En diálogo con Política del Sur Radio, el dirigente aseguró que el jefe comunal “habla en nombre de UMA y UPCN y tendría que hablar de nuestro sindicato que es el que tiene la personería, y que diga lo que quiera, porque ahora habrá elecciones y nuestro padrón es de 3 mil afiliados".

Esta maniobra busca incorporar actores a una mesa que debe ser representativa de la cantidad de afiliados de cada gremio, según la nueva ley. Hasta el momento, la negociación por el nuevo convenio colectivo de trabajo no comenzó, y no se descartan medidas de fuerza para hacer valer la ley.

La disputa por qué gremio sentar en la negociación es hoy una gran traba para la ley. En Lanús, por ejemplo, el Sindicato de Empleados Municipales de Lanús (SEMLA) denunció al intendente Néstor Grindetti  para que ponga en vigencia la ley 14.656, y convoque a la negociación del convenio. Pero este sector, que responde a la FeSiMuBo, no tendría la mayoría de afiliados, que ostenta el sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML) de Miguel Pedhelez. Desde el SEMLA pretenden que ambos gremios se sienten a negociar el nuevo marco legal laboral.

Otro caso difícil es el de Esteban Echeverría. Luego de 11 meses de reclamarle al intendente Fernando Gray que abra la negociación, el gremio local decidió gestionar ante el Ministerio de Trabajo para que determine el inicio de la mesa de discusión. En la cartera laboral se presentaron el Sindicato de Trabajadores Municipales de Esteban Echeverría (STMEE), CICOP, SOEME y ATE, y el ministerio determinó que el único con personería era el que lidera Adrián Gouín. “Ganamos una pelea, logramos que se nos convoque junto a los otros gremios, y hasta ahora somos los únicos que nos vamos a sentar a discutir el convenio colectivo. Presentamos nuestro proyecto marco y esperamos que nos vuelvan a llamar para debatirlo”, le confirmó a Política del Sur el titular del gremio.

Uno de los distritos de la región que avanzó en la implementación de la nueva ley es Almirante Brown. Allí, el intendente Mariano Cascallares se comprometió ante el gremio local a crear la denominada Comisión Municipal de Negociación Colectiva, para tratar las temáticas laborales del distrito, en el marco de la nueva ley. “Hay muy pocos municipios que lo han hecho. Vamos a discutir el convenio colectivo. En esto no estamos solos, nos respaldan otras agrupaciones”, dijo el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales local Ricardo  Sandoval, quien además anunció la firma del acuerdo salarial para este año, destacando la buena voluntad del gobierno local para avanzar en estos pasos.

En toda la Provincia

Mirado en perspectiva, un mes parece poco tiempo para que casi 100 comunas acuerden sus convenios, y regularicen la situación ante la nueva ley. Por eso, desde FeSiMuBo tienen previsto un plan para quienes queden, de alguna manera, al margen de la ley. El mismo incluye la denuncia penal de los jefes comunales que decidan no comenzar siquiera a conversar con sus trabajadores. “La ley obliga a los intendentes a sentarse y debatir el convenio, lo que los intendentes pueden hacer es no querer firmarlos, lo que abre una situación de denuncia penal”, confirmó Gouín, quien es miembro de la comisión directiva de la federación, que resolvió luego de varios congresos de delegados y plenarios llevar al plano legal su batalla. La denuncia será por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, adelantó el dirigente municipal.

Hasta ahora, la lista es corta, e incluye comunas como Merlo, Azul, Campana, General Rodríguez, Suipacha, Mar Chiquita, Ituzaingó, San Isidro, Coronel Rosales (Punta Alta), Saavedra-Pigué, Moreno, Junín. En las últimas semanas, dos distritos manejados por dirigentes no peronistas firmaron sus acuerdos: San Isidro y Quilmes. Esta es una tendencia que desconcierta a la dirigencia gremial, ya que el proyecto de ley contó con el impulso del Frente para la Victoria, y sus intendentes son hoy los más reacios a sentarse a negociar. “Es una cuestión de posición de poder, de no querer mostrar debilidad, la mayoría no quieren sentarse a firmar el convenio son del Frente para la Victoria, creo que es una línea que cerraron ellos, que nos extraña porque su bloque fue el que acompaño con los votos la aprobación de la ley”, graficó Gouín.

En tanto, en La Plata algunas versiones indican que si el 8 de julio, cuando vence la prórroga de la ley, la gobernadora podría extenderse el plazo, una forma de contener a intendentes del justicialismo disconformes por la poca llegada de recursos desde el gobierno provincial. “Es una posibilidad”, dijo una fuente del bloque de diputados del kirchnerismo ante la consulta de Política del Sur. “Si se quiere extender la prórroga vamos a oponernos, ya es tiempo que la norma se cumpla”, agregó la misma fuente.

Además, en la oposición están preocupados por los efectos que pueda generar en el sector municipal la ley de emergencia administrativa, que aprobó el gobierno con ayuda del masismo, y que es resistida por los gremios estatales. “Es una combinación fatal,  van a terminar por destruir a los trabajadores de las comunas”, alertaron desde el kirchnerismo.

Por lo pronto, los gremios trabajan contra reloj para intentar un logro que persiguen hace décadas, y que terminará con el estado de precariedad que reina en las comunas. “Lo que sucede que estos intendentes se ven obligados a mostrar sus números, a transparentar los aumentos salariales y la carrera municipal, mostrarle a los trabajadores y dar la discusión. Eso es lo que más les cuesta mostrar, qué hacen con los fondos”, concluyó Gouín.

Una ley con mucha historia

La aprobación de la ley 11.757, en plena década del 90, fue un hito en las relaciones laborales de la provincia de Buenos Aires, y el inicio de una larga lucha que en noviembre del 2014 tuvo su final, aunque todavía no se vean todos los frutos. La norma flexibilizó al extremo las condiciones de contratación de los municipales, y convirtió a los intendentes en “amos” de esos empleados. Fue una ley pedidas por los jefes comunales, que contó con la complicidad del bloque oficialista y de algunos dirigentes sindicales de esos días.

Apenas aprobada la norma, un grupo de dirigentes comenzaron un trabajo silencioso, en minoría, para intentar revertir la situación. Encabezados por el dirigente de Avellaneda Rubén “cholo” García, se opusieron a lo que consideraron una actitud “entreguista” de la vieja Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Como no lograron dar vuelta la pelea interna, decidieron dar un portazo, y crear la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), impulsora de la ley que derrumbó la 11.757.

En el 2005, García se convirtió en diputado provincial, y uno de sus primero proyectos fue el de la derogación de la ley. Si bien el debate por fin llegó a la legislatura, no se lograron los consensos necesarios, y cuando en 2009 el dirigente dejó la cámara el proyecto no tenía estado parlamentario. La llegada de Hernán Doval a la cámara baja provincial en 2011 fue el paso decisivo para el empuje final contra la ley. El dirigente de Avellaneda presentó de inmediato un proyecto en base al de García, y comenzó a buscar consensos para su tratamiento. Por su parte, la FeSiMuBo hizo lo propio con intendentes y legisladores. Comenzaba a gestarse la nueva normativa.

Además de la presión parlamentaria, un hecho comenzó a sentenciar el fin de la vieja ley: la Corte Suprema de Justicia provincial declaró inconstitucional la mitad de los artículos de la 11.757. Luego de un largo proceso judicial, se determinó que muchas de las nociones de esta ley, vigente por dos décadas, no eran constitucionales, y se ordenó su cese. Este fue el impulso final para que en la cámara de Diputados se diera aprobación al proyecto de Doval.

Pero no fue sencillo, y la falta de apoyo de algunos sectores –en especial el Frente Renovador –puso en peligro la aprobación. Luego de dos marchas masivas por parte de la FeSiMuBo, el congreso bonaerense dio el visto bueno a la ley, que ahora entrará en plena vigencia el próximo mes.

Además de la pelea política, la vieja ley generó un sisma en la dirigencia municipal bonaerense. La divisoria de aguas fue tal que la vieja estructura sindical apenas pudo seguir unos años, hasta dividirse en lo que hoy parecen partes que no podrán volver a juntarse. Uno de los hechos que marcaron la fractura gremial fue la figura de Alfredo Atanasof, histórico dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, que avaló la norma, en tiempos de Eduardo Duhalde gobernador. La fractura entre la vieja federación y la FesiMuBo se dio también a nivel nacional. La vieja estructura quedó contenida en la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), mientras que la FesiMuBo integra la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM).

“La vieja estructura, llámese Alfredo Atanasof (ex diputado y jefe de gabinete), fue cómplice de la ley 11.757. Al ver que no reaccionaba y los trabajadores seguían en las peores de las miserias, decidimos armar una federación nueva. Hoy representamos casi el 90 por ciento de la expresión municipal de la Provincia. Todo lo que se ve en la calle es lo que realiza la FESIMUBO”, recordó García.

El deterioro de la vieja estructura hizo que a fines del 2010 el propio Atanasof perdiera el control de la federación, que quedó en manos de Oscar Ruggiero, quien hoy la mantiene bajo su ala.